Publicado por
Relator Especial sobre la tortura
Plazo límite
30 de septiembre de 2026
El hacinamiento carcelario es un problema persistente y generalizado en muchas regiones del mundo. Afecta no solo al espacio vital del que disponen las personas privadas de libertad, sino también al funcionamiento de los sistemas penitenciarios en su conjunto. El hacinamiento puede comprometer el acceso a la atención sanitaria, al agua y al saneamiento, a una alimentación adecuada, al ejercicio físico y a actividades significativas; aumentar la exposición a la violencia y a las enfermedades transmisibles; y ejercer una presión adicional sobre el personal penitenciario y los recursos disponibles.
Por lo tanto, el hacinamiento puede agravar significativamente las condiciones de detención y, dependiendo de su gravedad y de sus efectos acumulativos, contribuir a que se den condiciones que constituyan un trato o pena cruel, inhumano o degradante.
Al mismo tiempo, el hacinamiento carcelario no puede entenderse únicamente como un problema de capacidad física insuficiente. Está estrechamente vinculado a las decisiones que se toman a lo largo de todo el proceso de justicia penal, incluyendo la criminalización y la política penal; las prácticas de detención y enjuiciamiento; el uso y la duración de la prisión preventiva; las prácticas de imposición de penas; la disponibilidad y el uso efectivo de medidas no privativas de libertad; la duración de la pena de prisión; al acceso a la libertad condicional para una persona condenada a una pena de prisión, y a la libertad anticipada y bajo condición; así como a la disponibilidad de servicios de salud y sociales adecuados fuera del sistema de justicia penal.
La experiencia en diferentes jurisdicciones también plantea cuestiones importantes sobre la eficacia y la sostenibilidad de las distintas respuestas. Las medidas que aumentan la capacidad física de las prisiones pueden aliviar la presión inmediata, pero no abordan necesariamente los factores que impulsan el crecimiento de la población carcelaria. Por el contrario, las reformas legales y políticas destinadas a reducir el encarcelamiento pueden tener efectos limitados si no van acompañadas de cambios en las prácticas institucionales, de recursos adecuados y de mecanismos de aplicación eficaces.
Por lo tanto, prevenir y reducir el hacinamiento requiere intervenciones en diferentes etapas del proceso de justicia penal, junto con mecanismos capaces de responder rápidamente cuando la población carcelaria supere la capacidad segura o legal.
El Relator Especial está elaborando una guía técnica sobre medidas prácticas para reducir y prevenir el hacinamiento carcelario.
La guía tratará de identificar medidas que sean eficaces, viables, respetuosas con los derechos y adaptables a diferentes contextos jurídicos, sociales e institucionales, y de ofrecer orientación práctica sobre su aplicación.
La presente convocatoria está dirigida a los Estados miembros, los gobiernos locales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones internacionales y regionales, el mundo académico y otras partes interesadas pertinentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, para que presenten contribuciones por escrito. La convocatoria incluye y fomenta las aportaciones de organizaciones de personas privadas de libertad en la actualidad o que lo han estado en el pasado, organizaciones familiares, proveedores de asistencia jurídica, defensores de los derechos humanos, organizaciones que llevan a cabo la supervisión de la detención, organizaciones comunitarias, investigadores y otros actores con experiencia o conocimientos directos sobre los sistemas penitenciarios.
El Relator Especial acoge con especial satisfacción los conocimientos prácticos derivados del seguimiento, los litigios, la defensa de los derechos, la prestación de servicios y la experiencia vivida. El objetivo no es, en primer lugar, obtener nuevas descripciones de la existencia o las consecuencias del hacinamiento, sino identificar qué se puede hacer en la práctica para reducirlo y evitar que se repita.
Las aportaciones relativas a medidas que han fracasado, que han encontrado obstáculos significativos para su aplicación o que han tenido consecuencias no deseadas son tan valiosas como los ejemplos de prácticas exitosas.
No es necesario que quienes aporten información respondan a todas las preguntas.
Preguntas
1. Medidas que han logrado reducir con éxito la población reclusa
¿Qué leyes, políticas, prácticas judiciales, medidas administrativas o iniciativas de la sociedad civil han logrado reducir la población carcelaria o las tasas de ocupación de las prisiones?
Indique, en la medida de lo posible, cómo se aplicó la medida, qué instituciones se encargaron de ella, qué impacto tuvo, si los efectos fueron duraderos, qué dificultades surgieron y si la medida pudiese reproducirse o adaptarse en otros contextos.
2. Reducción de los ingresos en prisión
¿Qué medidas han demostrado ser eficaces para reducir las detenciones o encarcelamientos innecesarios?
Las aportaciones pueden abordar, entre otras cuestiones:
¿Qué garantías son necesarias para asegurar que las alternativas sustituyan realmente a la privación de libertad, en lugar de ampliar la supervisión de la justicia penal a personas que, de otro modo, no habrían sido detenidas (“ampliación del alcance”)?
3. Reducción del tiempo de permanencia en prisión
¿Qué mecanismos han reducido de manera efectiva los períodos innecesarios de encarcelamiento?
Las aportaciones pueden referirse a la libertad condicional, la libertad condicional o supervisada, la revisión de la pena, la remisión, la libertad por motivos humanitarios, la libertad por motivos de edad o enfermedad grave, y otros mecanismos de libertad anticipada o de emergencia.
¿Qué obstáculos jurídicos, administrativos o prácticos impiden que las personas que cumplen los requisitos se beneficien de estos mecanismos? ¿Qué cambios han logrado superar con éxito esos obstáculos?
4. Límites de capacidad, prevención y respuestas de emergencia
¿Existen ejemplos eficaces de límites de capacidad penitenciaria legalmente exigibles, umbrales de ocupación máxima, sistemas de alerta temprana u otros mecanismos diseñados para prevenir el hacinamiento?
¿Qué ocurre cuando se alcanzan o se superan los límites de capacidad establecidos? ¿Qué autoridades están obligadas a actuar y qué medidas se activan?
¿Qué medidas pueden aplicarse rápidamente cuando el hacinamiento alcanza niveles que exponen a las personas privadas de libertad a un riesgo grave de tortura u otros malos tratos?
El Relator Especial acoge con especial satisfacción los ejemplos de mecanismos judiciales, legislativos o administrativos que exigen o activan reducciones de la población carcelaria cuando se superan los umbrales definidos.
5. Construcción y ampliación de centros penitenciarios
¿En qué medida ha logrado o fracasado la construcción de nuevas prisiones o la ampliación de la capacidad penitenciaria existente a la hora de reducir el hacinamiento a medio y largo plazo?
¿Existen ejemplos en los que el aumento de la capacidad penitenciaria redujera inicialmente el hacinamiento, pero fuera seguido posteriormente por un nuevo crecimiento de la población reclusa?
¿Qué factores determinan si la capacidad adicional proporciona únicamente un alivio temporal o contribuye a una reducción sostenible del hacinamiento?
La construcción de centros penitenciarios, ¿ha desviado recursos de medidas capaces de reducir la dependencia del encarcelamiento?
¿Qué conclusiones pueden extraerse respecto a la dependencia de la capacidad penitenciaria adicional como respuesta al hacinamiento?
6. Colectivos afectados de manera desproporcionada y factores sociales que influyen en el encarcelamiento
¿Qué medidas han demostrado ser eficaces para reducir el encarcelamiento innecesario entre los grupos que están representados de manera desproporcionada en las prisiones o que son especialmente vulnerables a los efectos del hacinamiento?
Las aportaciones pueden referirse a las mujeres; los niños y los jóvenes; las personas mayores; las personas con discapacidad, incluida la discapacidad psicosocial; los migrantes y los extranjeros; los Pueblos Indígenas; las minorías raciales, étnicas y de otro tipo; las personas en situación de pobreza o sin domicilio fijo; y las personas con trastornos por consumo de sustancias.
¿Existen ejemplos eficaces de derivación a servicios sanitarios, de salud mental, de tratamiento de adicciones, de vivienda o de apoyo social?
¿Qué garantías o adaptaciones específicas son necesarias para garantizar que las medidas destinadas a reducir la población carcelaria no perjudiquen a determinados grupos?
7. Obstáculos a la aplicación
¿Cuáles son los principales obstáculos políticos, jurídicos, institucionales, financieros o sociales que impiden a los gobiernos adoptar o aplicar de manera efectiva medidas que se sabe que reducen la población carcelaria?
Se invita especialmente a las y los colaboradores a tener en cuenta la resistencia política; la percepción pública de la delincuencia y el castigo; los discursos de los medios de comunicación; las políticas punitivas de justicia penal; las barreras legislativas; los incentivos institucionales; la resistencia dentro de las instituciones policiales, fiscales, judiciales o penitenciarias; la financiación insuficiente para las medidas no privativas de libertad y los servicios comunitarios; y la falta de responsabilidad política por el hacinamiento carcelario.
¿Qué estrategias han logrado superar con éxito estos obstáculos?
El Relator Especial acoge con especial satisfacción los ejemplos relacionados con la defensa de los derechos por parte de la sociedad civil, los litigios estratégicos, la supervisión independiente, la creación de coaliciones o la participación de las personas directamente afectadas por el encarcelamiento.
8. Costes y asignación de recursos
¿Qué datos existen que comparen los costes económicos y sociales del encarcelamiento con los de las medidas no privativas de libertad y otros enfoques capaces de reducir la población carcelaria?
¿Existen ejemplos en los que se hayan reasignado recursos destinados a la construcción de prisiones o al encarcelamiento hacia alternativas a la privación de libertad, asistencia jurídica, atención sanitaria y de salud mental, vivienda, tratamiento de la drogodependencia y reducción de daños, rehabilitación, reinserción u otros servicios comunitarios?
Siempre que sea posible, facilite información sobre:
El Relator Especial acoge con especial satisfacción los ejemplos que demuestran cómo las decisiones presupuestarias o la reasignación de los recursos existentes han facilitado —o dificultado— la reducción sostenible de la población reclusa.
Tipo de información solicitada
El Relator Especial acoge con especial satisfacción:
Se anima a las y los colaboradores a distinguir entre las medidas que alivian temporalmente el hacinamiento y aquellas capaces de reducir estructuralmente la dependencia del encarcelamiento y evitar que el hacinamiento vuelva a producirse.
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