Expertos de la ONU instan a que se imponga una responsabilidad vinculante a las empresas agrícolas para salvaguardar los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria mundial

GINEBRA — Un grupo de poderosas empresas controla ahora gran parte de la producción agrícola mundial, los mercados de insumos y las cadenas de suministro alimentario. Esta concentración de poder socava la autonomía de los pequeños agricultores, exacerba la desigualdad y pone en peligro los fundamentos ecológicos de nuestros sistemas alimentarios, advirtieron hoy expertos de la ONU*.

En sus informes a la Asamblea General de la ONU**, el Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación advirtieron que el creciente dominio de las empresas transnacionales y la agroindustria en los sistemas alimentarios mundiales supone una amenaza cada vez mayor para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y los derechos humanos.

«Los campesinos y los pequeños agricultores alimentan a la mayoría de la población mundial con alimentos saludables y diversos. Sin embargo, cada vez están más marginados y desposeídos por la expansión de los sistemas alimentarios impulsados por las empresas», afirmaron los expertos. «El modelo actual de agroindustria, respaldado por Estados poderosos, da prioridad a los beneficios económicos por encima de las personas y el planeta. Esto debe cambiar».

Las prácticas corporativas, como la adquisición de tierras a gran escala, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria, la agricultura por contrato explotadora y la creciente captura corporativa de los espacios de toma de decisiones tradicionalmente ocupados por los campesinos y los trabajadores rurales en la gobernanza de los sistemas alimentarios, han generado, en conjunto, profundas dependencias que erosionan la resiliencia rural y socavan la autonomía de quienes sostienen nuestros sistemas alimentarios. Además, las tecnologías digitales están remodelando aún más los sistemas alimentarios, a menudo ampliando el control corporativo mediante la apropriación de datos agrícolas. Estas tendencias, junto con la crisis climática, han agravado aún más la amenaza al derecho a la alimentación de millones de personas.

Los expertos reafirmaron que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) ofrece un marco jurídico fundamental para abordar las injusticias sistémicas a las que se enfrentan los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores agrícolas rurales.

«Los Estados tienen la obligación de regular la actividad empresarial, prevenir los abusos y las violaciones contra los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas», afirmaron.

«Los compromisos voluntarios no son suficientes. Los derechos consagrados en la UNDROP, incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación, deben ser garantizados mediante leyes vinculantes y mecanismos de rendición de cuentas sólidos. Para garantizar que la digitalización sirva a sistemas alimentarios equitativos y sostenibles, la gobernanza de los datos debe proteger los derechos, los conocimientos y la autonomía de los agricultores».

Los campesinos y los trabajadores rurales afectados negativamente por las malas prácticas de las empresas, desde el acaparamiento de tierras y la exposición a sustancias tóxicas hasta el robo de salarios y los desalojos forzosos, siguen luchando por acceder a recursos efectivos.

El Grupo de Trabajo y el Relator Especial hicieron un llamamiento a todos los gobiernos, al sector privado y a los organismos de las Naciones Unidas para que sitúen a los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores rurales en el centro de las políticas alimentarias y la gobernanza mundial.

«Los alimentos no son una mercancía, son un derecho humano», afirmaron. «Debemos actuar ahora para garantizar que quienes alimentan al mundo puedan vivir y trabajar con dignidad, libres de explotación y miedo».

Antes de la próxima sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, los expertos instaron a todos los Estados miembros a dar prioridad a la finalización de un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas, incluidas las instituciones financieras, y hacerlas responsables de los abusos y las violaciones de los derechos humanos.

«Un tratado vinculante es esencial para cerrar la brecha de rendición de cuentas y reequilibrar el poder en nuestros sistemas alimentarios. Sin obligaciones vinculantes, la impunidad de las empresas seguirá erosionando los derechos humanos y la capacidad del planeta para alimentarse de forma sostenible», afirmaron.