Guatemala: Expertas de la ONU piden la apertura de archivos militares e instalaciones para la búsqueda de personas desaparecidas

GINEBRA - El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias instó a Guatemala a abrir archivos e instalaciones militares para buscar personas desaparecidas, mientras el país atraviesa un momento decisivo en sus esfuerzos por poner fin al sufrimiento de miles de familias.

"Históricamente, las labores de búsqueda, forense y memoria en Guatemala ha estado en manos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Aunque este Gobierno ha avanzado al lanzar el primer Mecanismo para la Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas y al establecer un equipo dedicado, el éxito dependerá del nivel de apertura", dijeron las expertas en un comunicado al final de una visita al país.

Subrayaron los graves desafíos operativos que enfrenta este mecanismo de búsqueda en términos de recursos humanos y materiales, capacidad y sostenibilidad.

"Cuarenta años después del conflicto armado interno, Guatemala sigue careciendo de registros consolidados sobre personas desaparecidas", dijeron las expertas, advirtiendo sobre la fragmentación institucional de los esfuerzos actuales de búsqueda y señalando la necesidad de documentar los casos de quienes han desaparecido tras el conflicto.

Afirmaron que el acceso a los archivos militares, policiales e de inteligencia es esencial para localizar a las personas desaparecidas y combatir la impunidad, refiriéndose a los esfuerzos actuales para restaurar, clasificar, sistematizar y digitalizar los expedientes de la Policía Civil Nacional y el Registro Nacional de Reparaciones. "El Estado debe garantizar la preservación, organización y accesibilidad de toda la documentación relevante."

El Grupo de Trabajo reconoció los avances logrados en la investigación y enjuiciamiento de casos emblemáticos relacionados con graves violaciones de derechos humanos en el pasado. Sin embargo, debido al debilitamiento de las capacidades dentro de la Fiscalía y a la criminalización de los operadores de justicia especializados en justicia transicional, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación por los retrocesos de los últimos ocho años.

"El recién nombrado Fiscal General debe priorizar la investigación de las desapariciones forzadas y restaurar una institucionalidad que es fundamental para la lucha contra la impunidad", afirmaron las expertas.

"Las víctimas de desapariciones forzadas tienen derecho a investigaciones rápidas, independientes, exhaustivas e imparciales que permitan identificar a los responsables y garantizar la rendición de cuentas", afirmaron. "Por encima de todo, debe continuar la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de restos."

Las expertas reconocieron la significativa contribución de las y los supervivientes, familiares, Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil a la amplia red de iniciativas de memoria, y reconocieron su papel fundamental en la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria.

También celebraron los esfuerzos del Gobierno para desarrollar el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026-2036, subrayando que su éxito dependerá de una implementación efectiva, recursos adecuados y una participación significativa de las víctimas.

"Las consecuencias de la desaparición forzada se extienden a lo largo de las generaciones y afectan de manera desproporcionada a mujeres, Pueblos Indígenas y personas en situación de vulnerabilidad", dijeron las expertas, añadiendo que la negligencia institucional contribuye a la exclusión, desigualdad y sufrimiento de las víctimas.

El Grupo de Trabajo hizo un llamamiento a todas las instituciones estatales y actores políticos a unirse para asumir un compromiso nacional duradero de colocar a las víctimas en el centro de las políticas públicas de Guatemala y priorizar la búsqueda de personas desaparecidas. 

"La verdad, la justicia, la reparación y la memoria no son solo obligaciones legales internacionales, sino que también son pilares esenciales para fortalecer la democracia, la cohesión social y el desarrollo sostenible en Guatemala", afirmaron.