GINEBRA/PANAMÁ - El Gobierno nicaragüense de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo ha usado la desaparición forzada como arma para aplastar a la disidencia y controlar a la población, dijo el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas en un nuevo informe hoy.

El informe determinó que, desde 2018, el Gobierno es responsable de la muerte bajo custodia estatal de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas, el hermano de Ortega, Humberto Ortega, y Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu. También señaló que la versión del Gobierno sobre la muerte de Rivera está llena de contradicciones.

El informe se presentará en paralelo con la actualización oral del Grupo ante el Consejo de Derechos Humanos. Los expertos señalaron que el anuncio del copresidente Ortega hace dos meses de que no habrá más elecciones competitivas en Nicaragua solo subraya lo que este informe documenta: el desmantelamiento sistemático de los derechos y libertades de los que depende la gobernanza democrática.

El informe “Anatomía de la crueldad estatal” subraya las deplorables condiciones de detención, la falta de acceso a servicios de salud y la vulnerabilidad de muchas víctimas. Se presenta un análisis de 17 casos ilustrativos de desapariciones, de un total de 161 desde 2018, y nombra a varias de las 29 personas que continúan desaparecidas hasta la fecha.

“La democracia es como una casa. Las elecciones son su tejado. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son sus cimientos. Sin esos cimientos, el tejado no puede mantenerse en pie”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo. “Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo su custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble.”

El informe analiza el caso del Sr. Rivera, exdiputado de 73 años y fundador del partido político YATAMA, que permaneció detenido arbitrariamente durante casi tres años, incluidos dos largos períodos de desaparición forzada, antes de que las autoridades anunciaran su fallecimiento el 31 de mayo de 2026.

El Grupo analizó cinco declaraciones públicas que hizo el Gobierno en los últimos días de vida de Rivera, sobre el deterioro de su salud y su fallecimiento, así como un informe médico independiente elaborado por Physicians for Human Rights, los cuales revelaron que dichas declaraciones eran “inconsistentes entre sí, médicamente incoherentes en aspectos fundamentales, y sin posibilidad de verificación debido a la ausencia de investigación independiente o autopsia”. Además, concluyó que la presunción de responsabilidad del Estado que se deriva de cualquier fallecimiento bajo custodia “no había sido refutada en absoluto.”

“El Gobierno de Nicaragua le quitó a Brooklyn Rivera su libertad, luego su salud y, por último, la vida,” dijo Reed Brody, experto miembro del Grupo. “Su explicación de lo sucedido está plagada de inconsistencias, y se ve empañada por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa por enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él.”

El Grupo concluyó que Ortega y Murillo ejercían un control centralizado precisamente sobre las instituciones destinadas a proteger a la población de este tipo de abusos - la policía, las prisiones y los tribunales— El informe incluye diagramas en los que se presentan estas cadenas de mando.

El Grupo llamó al Gobierno de Nicaragua a revelar de inmediato la suerte y el paradero de las 29 personas aún desaparecidas, liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos e investigar todas las muertes bajo custodia, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. También solicitó devolver los restos del Sr. Rivera a su familia y comunidad para los ritos funerarios según la tradición miskitu.

El Grupo urgió a la comunidad internacional a adoptar una estrategia múltiple de rendición de cuentas, que incluya la cooperación internacional, la jurisdicción penal territorial y la jurisdicción penal universal.

Tras casi cuatro años de mandato, los Expertos enfatizaron que los hechos son claros: el desafío ya no es comprender la situación, sino responder a ella.

“El Grupo ya ha dejado constancia oficial de nombres, estructuras y pruebas”, afirmó Ariela Peralta, experta miembro del Grupo. “Los gobiernos y las fiscalías en todo el mundo disponen de los elementos necesarios para actuar, exigiendo responsabilidades dónde se pueda”.

FIN

Leer el Informe completo; Anexo I (Diagrama Funcional: Desaparición Forzada); Anexo II (Diagrama Funcional: Caso de Brooklyn Rivera Bryan).

Antecedentes: El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Creado en marzo de 2022, su tarea es llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Los miembros expertos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fueron nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para recopilar datos sobre presuntas violaciones de derechos humanos, recoger información imparcial y proporcionar análisis independiente.

Consultas de prensa: En Ginebra, Todd Pitman, Asesor de Prensa para las Misiones de Investigación del Consejo de Derechos Humanos: todd.pitman@un.org / +41766911761; or Pascal Sim, portavoz del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: simp@un.org.

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