Normas internacionales
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
En los últimos 20 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos han adoptado más de un centenar de resoluciones condenando las actividades de los mercenarios y a quienes recurren a ellos. En 1989 se alcanzó un hito con la adopción por la Asamblea General de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
Los mercenarios y los actores relacionados con ellos no son un fenómeno nuevo, sino que han existido en diversas formas y situaciones desde tiempos inmemoriales. Los intentos de abordar este fenómeno plantean una serie de cuestiones difíciles que no se han resuelto todas de manera concluyente.
Normas internacionales
Convenio de La Haya V sobre los derechos y deberes de las potencias y personas neutrales en caso de guerra terrestre (1907), Artículo 4
Cuando tiene lugar un conflicto armado entre dos o más Estados, otros Estados pueden optar por apoyar a una de las partes beligerantes o pueden preferir permanecer neutrales. El estatuto de neutralidad implica derechos y deberes muy específicos que se rigen por la ley de neutralidad.10 La premisa básica de esta ley es que el Estado neutral no debe adoptar, ni permitir que se adopte en su territorio, ninguna medida que proporcione apoyo a una de las partes en conflicto a cambio de inmunidad frente a actos hostiles de los beligerantes contra su propio territorio o sus ciudadanos.
El artículo 4 del Convenio V de La Haya de 1907 relativo a los derechos y deberes de las potencias y personas neutrales en caso de guerra terrestre es de especial relevancia para la cuestión de los mercenarios. En él se estipula que «[n]o podrán formarse cuerpos de combatientes ni abrirse agencias de reclutamiento en el territorio de una Potencia neutral para ayudar a los beligerantes». Así pues, la Potencia neutral tiene la obligación de impedir que se lleven a cabo tales actividades en su territorio. Sin embargo, no puede ser considerada responsable cuando individuos cruzan la frontera por voluntad propia para ofrecer sus servicios a los beligerantes.
En efecto, este artículo crea para los Estados la obligación de impedir la formación de grupos mercenarios en su territorio con el fin de intervenir en un conflicto armado ante el que han optado por permanecer neutrales. Si no lo hacen, incumplen las obligaciones que les impone el Derecho internacional.
Carta de las Naciones Unidas (1945), artículo 2, parráfo 4
La Carta de 1945 es el documento fundacional de las Naciones Unidas. En ella se describen las funciones y poderes de los órganos principales y se establecen los propósitos y principios de la Organización en su conjunto. El artículo 2, párrafo 4, estipula que:
«Todos los Miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.»
Esta disposición prohíbe esencialmente el uso de la fuerza por un Estado contra otro, salvo en circunstancias muy específicas recogidas en otras partes de la Carta (legítima defensa y medidas coercitivas sancionadas por el Consejo de Seguridad). El empleo de mercenarios para utilizar la fuerza contra otro Estado entra dentro del ámbito de esta prohibición.
Artículo 3 común de la Convenios de Ginebra (1949)
Según este artículo, en todo conflicto, ya sea de carácter internacional o no internacional, "las personas que no participen activamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que estén fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa, serán tratadas humanamente en todas las circunstancias, sin distinción alguna de índole desfavorable fundada en la raza, el color, la religión o la fe, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo".
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977), artículo 47
El Protocolo Adicional I contenía la primera definición internacional de mercenarios. El artículo 47 (2) del Protocolo Adicional I define al mercenario de acuerdo con seis criterios acumulativos. Deben cumplirse los seis criterios para que una persona sea clasificada como mercenario:
1. El mercenario no tendrá derecho a ser combatiente ni prisionero de guerra.
2. Mercenario es toda persona que
(a) es especialmente reclutada localmente o en el extranjero para combatir en un conflicto armado;
(b) participa de hecho y directamente en las hostilidades;
(c) esté motivada para participar en las hostilidades esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado y, de hecho, reciba, de una Parte en conflicto o en nombre de ella, una promesa de remuneración material sustancialmente superior a la prometida o abonada a los combatientes de rango y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte;
(d) no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en el territorio controlado por una Parte en conflicto
(e) no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y
(f) no haya sido enviado en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no sea Parte en conflicto.
Dado que la finalidad del Derecho Internacional Humanitario es ampliar y no restringir la protección, el alcance de esta definición es reducido para garantizar que la pérdida de la protección especial sólo se produzca en circunstancias limitadas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido tres condiciones que deben cumplirse para que una persona participe directamente en hostilidades:
- El acto debe poder afectar negativamente a las operaciones militares o a la capacidad militar de una parte en un conflicto armado o, alternativamente, causar la muerte, lesiones o destrucción de personas u objetos protegidos contra un ataque directo (umbral del daño), y
- Debe existir un nexo causal directo entre el acto y el daño que pueda resultar de dicho acto o de una operación militar coordinada de la que dicho acto forme parte integrante (causalidad directa), y
- El acto debe estar específicamente concebido para causar directamente el umbral de daño requerido en apoyo de una parte en conflicto y en detrimento de otra (nexo beligerante).
La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios se adoptó en 1989 y entró en vigor el 20 de octubre de 2001.
La Convención tipifica como delito el mercenarismo e incluye a quienes reclutan, utilizan, financian o entrenan a mercenarios, lo que hace de la Convención algo más que un simple instrumento para definir a los participantes en un conflicto e impone a los Estados Partes una serie de obligaciones conexas. Abarca tanto los conflictos armados no internacionales como los internacionales.
El artículo 1 refleja en gran medida la definición de mercenario que figura en el artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 (véase más arriba), pero la amplía para abarcar situaciones distintas de los conflictos armados, en las que se recluta a personas con el fin de que participen en un acto concertado de violencia dirigido a derrocar a un gobierno o a socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado, o a menoscabar la integridad territorial de un Estado.
1. En tal situación, un mercenario es toda persona que:
(a) Es especialmente reclutada localmente o en el extranjero con el fin de combatir en un conflicto armado;
(b) Está motivada para participar en las hostilidades esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado y, de hecho, recibe, de una parte en conflicto o en su nombre, una promesa de remuneración material sustancialmente superior a la prometida o abonada a los combatientes de rango y funciones similares de las fuerzas armadas de esa parte;
(c) No es nacional de una parte en conflicto ni residente en el territorio controlado por una parte en conflicto;
(d) No es miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflicto; y
(e) No haya sido enviado por un Estado que no sea parte en el conflicto en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas.
2. También es mercenario toda persona que, en cualquier otra situación
(a) Sea especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, con el fin de participar en un acto concertado de violencia destinado a:
(i) Derrocar a un gobierno o socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado; o
(ii) Socavar la integridad territorial de un Estado;
(b) Está motivado para participar en él esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado significativo y está incitado por la promesa o el pago de una compensación material;
(c) No sea nacional ni residente del Estado contra el que se dirige dicho acto;
(d) No haya sido enviado por un Estado en misión oficial; y
(e) No sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se cometa el acto.
También comete un delito toda persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios, intente hacerlo o sea cómplice de una persona que cometa o intente cometer un delito enunciado en el Convenio. Este delito indirecto se considera cometido incluso cuando los mercenarios en cuestión aún no han participado en las hostilidades. Los Estados Partes tienen obligaciones positivas y negativas a este respecto. No sólo deben abstenerse de participar en cualquiera de las actividades designadas, sino también tomar las medidas adecuadas para impedir que otros realicen tales actividades. Esto se aplica en particular a las actividades cuyo propósito es oponerse al ejercicio legítimo del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Además, los delitos establecidos por el Convenio deben castigarse con penas adecuadas que reflejen su gravedad.
Además de tipificar los delitos, el Convenio establece un marco para facilitar el procesamiento de los delincuentes a nivel nacional. Exige a los Estados que garanticen que su legislación posibilita el enjuiciamiento. Todo presunto delincuente presente en su territorio debe ser detenido y se debe abrir una investigación preliminar. Si la persona en cuestión no es extraditada a otro Estado para ser juzgada, el caso debe someterse a las autoridades nacionales competentes. Durante todo el proceso, el presunto delincuente debe beneficiarse de un trato justo y de garantías judiciales. Los Estados deben cooperar entre sí tanto en la prevención como en el enjuiciamiento de los delitos, incluso mediante el intercambio de información. Por último, el Convenio establece un procedimiento para la solución de controversias entre los Estados Partes en relación con la interpretación o aplicación del instrumento.
Derecho de los pueblos a la autodeterminación
El derecho de los pueblos a la autodeterminación está establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Constituye el núcleo del derecho internacional de los derechos humanos y es común tanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este derecho también se define en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que subraya que:
«En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta» (A/RES/25/2625).
Desarrollo de iniciativas multilaterales para mejorar las normas de las empresas militares y de seguridad privadas
A falta de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la regulación, en los últimos 15 años han surgido varias iniciativas que tratan de regular las empresas militares y de seguridad privadas. Sin embargo, dadas las debilidades de los regímenes autorreguladores, el Grupo de Trabajo ha explorado y abogado por un marco internacional vinculante para regular las empresas militares y de seguridad privadas.
El Documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y buenas prácticas para los Estados en relación con las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados se formuló en 2008. En él se reafirman las obligaciones existentes en virtud del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables a los Estados, incluida la diligencia debida, en el contexto de sus relaciones con las empresas militares y de seguridad privadas. También identifica buenas prácticas para regular estas empresas privadas.
En particular, se espera que los Estados contratantes cumplan los requisitos relativos al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, el Documento de Montreux está limitado en varios aspectos significativos, y su ámbito de aplicación es limitado, dado que se centra en las empresas militares y de seguridad privadas en situaciones de conflicto armado. No es jurídicamente vinculante y no crea nuevas normas u obligaciones jurídicas para los Estados o las empresas militares y de seguridad privadas.
Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada
El Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada se elaboró en 2010. Se aplica directamente a las empresas militares y de seguridad privadas signatarias cuando operan en «entornos complejos». Enumera un amplio espectro de normas que se basan en las normas internacionales de derechos humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. El Código también compromete a las empresas firmantes a ejercer la diligencia debida para garantizar su cumplimiento, lo que incluye la investigación de antecedentes del personal y la supervisión de la conducta. Las empresas se comprometen a garantizar que el personal reciba formación sobre Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Penal pertinente. Las empresas firmantes se comprometen a establecer mecanismos de denuncia accesibles y a ofrecer reparación a las víctimas.
La Asociación del Código de Conducta Internacional proporciona certificación del cumplimiento por parte de las empresas privadas. Esto se hace a través de una «norma de calidad y gestión» basada en la industria, sujeta al reconocimiento de la Junta Directiva de la Asociación. La certificación de una empresa militar y de seguridad privada debe dar fe de que ejerce la diligencia debida para garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos en sus sistemas y procesos, y con respecto a clientes y contratistas.
En 2010, las Naciones Unidas crearon un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para debatir la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional sobre la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas (en adelante, OEIGWG). Dicho grupo fue incapaz de alcanzar un acuerdo, por lo que en 2017 se creó un segundo grupo de trabajo, con un mandato diferente, más amplio y de compromiso, para elaborar el contenido de un marco normativo internacional, sin prejuzgar la naturaleza del mismo, relativo a las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas. Desde 2019, se han celebrado cinco sesiones del OEIGWG.
El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios ha participado ampliamente en estas sesiones de redacción y en las consultas entre períodos de sesiones, formulando declaraciones y comentarios sobre el proyecto de instrumento.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés) son la norma mundial para prevenir y abordar el riesgo de impactos adversos sobre los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial, y proporcionan el marco aceptado internacionalmente para mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos.
Estipulan que la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos exige que las empresas «eviten causar o contribuir a causar impactos adversos sobre los derechos humanos a través de sus propias actividades, y aborden esos impactos cuando se produzcan» y que «traten de prevenir o mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos que estén directamente vinculados a sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales, incluso si no han contribuido a esos impactos» (principio 13). Para ello, las empresas deben ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos. Puede ser necesaria una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos, proporcional al nivel de riesgo de que se produzcan impactos graves sobre los derechos humanos y a la naturaleza y el contexto de las operaciones empresariales, por ejemplo, cuando se opera en entornos de alto riesgo.
Además, «cuando las empresas identifiquen que han causado o contribuido a causar impactos adversos, deben prever su reparación o cooperar en ella a través de procesos legítimos» (principio 22). Cuando se aleguen delitos, ello «normalmente requerirá la cooperación con los mecanismos judiciales» (comentario al principio 22). Las empresas deben «tratar el riesgo de causar o contribuir a causar graves violaciones de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la legislación allí donde operen» (principio 23).
Normas regionales
Convención para la eliminación del mercenarismo en África (1977)
La Convención para la eliminación del mercenarismo en África fue redactada por los miembros de la Organización para la Unidad Africana (hoy Unión Africana) y adoptada en julio de 1977.
En el preámbulo, la Convención establece que su propósito es combatir la amenaza que representan los mercenarios para la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo armonioso de los Estados miembros de la organización.
La definición de mercenario establecida en el artículo 1 (1) de la Convención refleja en gran medida la definición esbozada en el artículo 47 del Protocolo Adicional I, en el sentido de que no se aplica a los conflictos armados no internacionales. La diferencia clave es que sólo es necesario que el individuo esté motivado por el deseo de obtener un beneficio privado y no se exige que sea sustancialmente mayor que el ofrecido a los miembros de las fuerzas armadas de un Estado.
El artículo 1 define al mercenario como «toda persona que:
1. Es reclutada especialmente a nivel local o en el extranjero con el fin de combatir en un conflicto armado;
2. Participe de hecho y directamente en las hostilidades;
3. Está motivado para participar en las hostilidades esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado y, de hecho, una parte en conflicto o en su nombre le promete una compensación material;
4. No sea nacional de una parte en conflicto ni residente en territorio controlado por una parte en conflicto;
5. No es miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflicto; y
6. No haya sido enviado en misión oficial por un Estado que no sea parte en el conflicto como miembro de las fuerzas armadas de dicho Estado».
En un aspecto importante, la Convención para la eliminación del mercenarismo en África difiere sustancialmente del Protocolo Adicional I al tipificar como delito el reclutamiento, la formación, la financiación y la utilización de mercenarios por particulares, grupos o asociaciones, representantes de un Estado y los propios Estados en los apartados 2 y 3 del artículo 1.
El artículo 1 (2) amplía el mercenarismo de un acto llevado a cabo por participantes durante un conflicto armado a aquellos que, a nivel de grupo o de Estado, participen, financien o faciliten el uso o la acción de mercenarios de cualquier forma. El artículo 1 (2) establece que:
Comete el delito de mercenarismo el individuo, grupo o asociación, representante de un Estado y el propio Estado que con el fin de oponerse por la violencia armada a un proceso de autodeterminación estabilidad o a la integridad territorial de otro Estado, que practique alguno de los actos siguientes
(a) Acoja, organice, financie, ayude, equipe, entrene, promueva, apoye o de cualquier modo emplee bandas de mercenarios;
(b) Aliste, enrole o intente enrolar en dichas bandas;
(c) Permita que las actividades mencionadas en el apartado a) se lleven a cabo en cualquier territorio bajo su jurisdicción o en cualquier lugar bajo su control o proporcione facilidades para el tránsito, el transporte u otras operaciones de las fuerzas mencionadas.
El artículo 1 (3) establece que «[t]oda persona, física o jurídica, que cometa el delito de mercenarismo... comete un delito considerado como delito contra la paz y la seguridad en África y será castigada como tal».
Además de crear un delito específico de mercenarismo, los Estados deben tomar medidas para erradicar la actividad mercenaria promulgando leyes que castiguen el delito de mercenarismo con las penas más severas e intercambiando información sobre cualquier actividad mercenaria de la que tengan conocimiento. Además, los Estados se comprometen a enjuiciar o extraditar a cualquier persona que cometa un delito contemplado en el Convenio, y a prestarse asistencia mutua en relación con cualquier investigación y procedimiento iniciados con respecto al delito.
Los Estados pueden ser acusados de infracciones del Convenio ante cualquier tribunal competente de la OUA o internacional, y sus representantes pueden ser sancionados. Por último, el Convenio estipula que las personas juzgadas por el delito de mercenarismo tienen derecho a todas las garantías judiciales normalmente concedidas por el Estado en cuyo territorio están siendo juzgadas.