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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Protección de Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, y el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes: los Estados deben erradicar la xenofobia en contra de las personas migrantes
18 de diciembre de 2025
Washington, D.C./Ginebra - En el día internacional de los derechos de las personas migrantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW) y el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, llaman a los Estados a intensificar los esfuerzos para implementar políticas integrales destinadas a erradicar la xenofobia y su impacto en los derechos de las personas en contexto de movilidad humana.
La CIDH, el CMW y el Relator Especial expresan su preocupación por las diversas formas en que la xenofobia se manifiesta y se difunde, influyendo en políticas migratorias y en el trato dispensado a las personas migrantes.
Discursos y representaciones de autoridades públicas y liderazgos políticos, así como contenidos en medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas digitales, están promoviendo cada vez más narrativas sesgadas, erróneas, estigmatizantes y excluyentes que criminalizan a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. El uso del término “ilegal” ejemplifica la persistente e injustificada asociación entre criminalidad e irregularidad migratoria. En diversos países, estos mensajes se multiplican en contextos electorales, derivando en propuestas de acción estatal de carácter discriminatorio y excluyentes.
En efecto, estas políticas basadas en un enfoque limitado y sesgado, usualmente pensadas casi que exclusivamente desde un prisma de la seguridad, tienen un impacto directo sobre múltiples derechos de las personas en movilidad humana. A su vez, estas vulneraciones de derechos se agudizan por factores interseccionales de discriminación como el género, la discapacidad, el estatus y origen migratorio, el origen étnico y racial, la orientación sexual, entre otros.
A modo de ejemplo, estas políticas limitan el acceso a visados y otras vías regulares de movilidad, aumentan el uso de arrestos arbitrarios, la creación de centros de detención migratorios, y la instauración de procedimientos de expulsión, detención, devolución y externalización del control fronterizo sin garantías básicas de debido proceso. Igualmente se observa en este contexto un proceso gradual de restricciones al ejercicio del derecho a solicitar asilo, y a otras formas de protección.
Adicionalmente, la xenofobia impacta en las políticas relativas a derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social. A través de normas u otras prácticas, los Estados restringen o impiden el ejercicio de estos derechos sobre la base de la nacionalidad, la condición migratoria o el tipo de residencia.
En definitiva, la CIDH, el CMW y el Relator Especial observan que las narrativas xenófobas y las políticas migratorias tienen una relación perniciosa de reciprocidad: se retroalimentan y se convalidan mutuamente, conduciendo a un espiral regresivo cuyas consecuencias restringen los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Frente a este escenario, es deber de los Estados, y en especial de los liderazgos políticos, contrarrestar la intolerancia, la discriminación o la desinformación y promover activamente el entendimiento cultural y el respeto a la diversidad. Por ende, la Comisión, el Comité y el Relator Especial llaman a los Estados a adoptar medidas destinadas a erradicar la xenofobia y su impacto en el goce de los derechos humanos.
En particular, recomiendan adoptar todas las medidas necesarias para diseminar e implementar las recomendaciones elaboradas por el CMW y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en su reciente Recomendación General conjunta sobre directrices para erradicar la xenofobia y su impacto en las personas migrantes y otras percibidas como tales. En general, la CIDH, el CMW y el Relator Especial llaman a implementar, además, las directrices establecidas en los Principios Interamericanos sobre movilidad humana.