Declaración de Sofía Macher, presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, ante el 63° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Señor Presidente,
Distinguidas delegadas y delegados,
Señoras y señores,

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en virtud de su resolución 57/36. Este informe contiene hallazgos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela entre el 1 de septiembre del 2025 y el 31 de agosto del 2026.

El informe viene acompañado de dos documentos de sesión: el primero examina la evolución de las principales violaciones de derechos humanos en el marco del mandato de la Misión y la continuidad del aparato represivo del Estado; el segundo, el papel de los grupos civiles como colectivos y sus vínculos con las autoridades estatales.

Ambas investigaciones responden al mandato del Consejo.

El período del informe estuvo marcado por un acontecimiento extraordinario: la intervención militar de los Estados Unidos de América el pasado 3 de enero que condujo a la aprehensión de Nicolás Maduro y abrió una nueva etapa política en el país. La Misión ha calificado dicha intervención como contraria al derecho internacional. 

Con respecto al período comprendido entre septiembre y diciembre 2025, los hallazgos de la Misión confirmaron que las violaciones de derechos humanos continuaron produciéndose a una escala y de conformidad con patrones plenamente consistentes con los documentados en anteriores informes..

El cambio de Gobierno y los acontecimientos políticos ocurridos desde el 3 de enero han dado lugar a modificaciones observables en la situación de los derechos humanos. El Gobierno interino introdujo cambios en el Gabinete, en el Alto Mando Ampliado de la Fuerzas Armadas, y en la estructura y composición del Tribunal Supremo de Justicia; modificó el discurso político, enfatizando mensajes de paz y reconciliación nacional, y adoptó medidas de liberalización polítca, lo que ha reactivado la actividad pública. 

El Gobierno abrió un proceso de excarcelaciones, que, a partir de finales de febrero, continuo al amparo de una nueva Ley de Amnistía.  A partir de finales de enero, la Misión detectó una disminución significativa de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, en particular las de larga duración, así como de las desapariciones forzadas. La Misión reconoce que estos cambios cualitativos tienen consecuencias reales para muchas personas y familias venezolanas.

Los nombres de las personas liberadas no se han hecho públicos y, en ausencia de datos transparentes y verificables, el número de personas excarceladas sigue siendo incierto y objeto de controversia: estimamos que entre 800 y 1.000 personas fueron liberadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

Señor Presidente,

La Misión continuó registrando nuevas detenciones arbitrarias después del 3 de enero; al menos 17 en los primeros ocho meses del año, según con las estimaciones. Ello supone un marcado descenso respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, vino acompañado de un aumento de las detenciones arbitrarias de corta duración, a las que las autoridades recurrieron como forma de intimidación contra las personas opositoras o percibidas como tales, incluidas algunas que hasta hace mucho habían estado sometidas a detenciones prolongadas.

Ello adquiere una resonancia particular en el contexto de los abusos generalizados cometidos durante la última década, constituyendo un poderoso recordatorio para activistas políticos y de derechos humanos de que sus actividades son vigiladas y de que el aparato represivo sigue vigente.

A pesar de la importante liberación de personas detenidas durante los últimos ocho meses, cientos de individuos continuan arbitrariamente privados de libertad, soportando duras condiciones en centros donde la tortura y los malos tratos siguen siendo endémicos. En ausencia de datos públicos, las organizaciones no gubernamentales sitúan entre 379 y 500 el número de personas detenidas por motivos políticos. cifras que retrotraen a la situación anterior a las elecciones presidenciales de 2024.

La Misión continúa profundamente preocupada por la situación en torno a la posible continuidad de un ataque sistemático contra la población en el sentido del artículo del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Aunque algunas violaciones han disminuido, la Misión ha seguido documentando casos de desaparición forzada y de muertes de personas detenidas bajo custodia después del 3 de enero.

La Misión se encuentra especialmente preocupada por la persistencia de la tortura en varios centros de detención en Venezuela. Nos preocupan especialmente los hechos que hemos documentado en la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I y en la prisión militar Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentra recluido el mayor número de personas detenidas por motivos políticos.

Las investigaciones de la Misión, incluidas extensas entrevistas con personas que han recuperado su libertad, nos han permitido profundizar las evidencias sobre la frecuencia de la tortura y sobre la naturaleza especialmente cruel de muchos de los métodos utilizados, incluidos métodos que la Misión no había documentado anteriormente.

Señor Presidente,

La pregunta central que se plantea el informe de la Misión este año ha sido si los cambios percibidos en la situación política y de derechos humanos han ido acompañados de una transformación de las estructuras que hicieron posible la represión durante años.

Hasta ahora, la Misión no ha encontrado indicios suficientes de una ruptura genuina y sostenible respecto al Gobierno del Presidente Maduro y a los patrones de represión que caracterizaron este período. Al contrario, se constató que la estructura del aparato represivo del Estado ha permanecido completamente intacta.

La persistencia del aparato represivo se manifiesta en la continuidad del mismo andamiaje jurídico que fue utilizado desde el Estado para coartar el funcionamiento autónomo de los actores del espacio cívico y democrático; en la falta de reforma de las instituciones y organismos de policía, seguridad, e inteligencia involucradas, por acción u omisión, en la represión; en la falta de rendición de cuentas de los responsables de graves violaciones y delitos internacionales; en las restricciones continuadas al funcionamiento de organizaciones civiles, medios de comunicación y partidos; en el hostigamiento que continúan enfrentando líderes y activistas sociales y políticos, y en la vigilancia continuada y control social a los que sigue sometida la población.

Quizá la mejor expresión de que el aparato represivo sigue funcional y, que continúa afectando la toma de decisiones de alto nivel en el país, es la continuidad de los actores y perpetradores de la represión en la jerarquía civil y militar.

La incertidumbre que actualmente atraviesa el país y el carácter limitado y fácilmente reversible de los cambios observados se muestra en dos de los acontecimientos del día de ayer. Por un lado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, anunció, en el contexto del diálogo político entre el Gobierno y la posición, “el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”. Por otro lado, se conoció la detención del exalcalde de la oposición Javier Oropeza, y había regresado apenas hace tres días a Venezuela, porque tuvo que exiliarse en 2024. Oropeza fue liberado a las cinco horas, siguiendo las protestas ciudadanas.

Señor Presidente,

Durante el presente ciclo, la Misión profundizo sus investigaciones sobre el papel de los grupos civiles armados llamados “colectivos”.

La Misión tiene motivos razonables para creer que estos grupos han apoyado la represión mediante tareas de vigilancia e identificación de objetivos de la represión, así como mediante su participación en el control protestas, operativos de seguridad y acciones de represión política selectiva, en un clima de impunidad prácticamente total.

Al mismo tiempo, la presencia cotidiana en las comunidades les ha permitido ejercer otras formas de control. Los colectivos participan en la gestión o distribución de alimentos, combustibles, servicios y beneficios sociales, vigilan la actividad política y median en conflictos a través de la coacción.

La Misión documentó varias formas de vinculación de los colectivos con el Estado, entre ellas el respaldo público de las altas autoridades a estos grupos armados; el acceso a recursos, equipamiento y financiamiento; la incorporación de miembros de estos grupos en instituciones públicas y cuerpos de seguridad, y a la inversa, la presencia de funcionarios o exfuncionarios en estos grupos. Asimismo, la Misión pudo concluir que existe una delegación expresa o implícita de funciones relacionadas con el orden público y el control social. 

Los colectivos no pueden ser considerados órganos formales del Estado. Sin embargo, la Misión tiene motivos razonables para creer que determinadas conductas de los integrantes de colectivos son atribuibles al Estado.

Con independencia de la atribución de un acto concreto, el Estado tiene la obligación de prevenir los abusos de estos grupos, investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas..

Señor Presidente,

La República Bolivariana de Venezuela tiene hoy una oportunidad de avanzar hacia un cambio real.

Un cambio sostenible en la situación de los derechos humanos, y verdadero progreso en la restauración del estado de Derecho y de la gobernanza democrática, requieren una reforma de las instituciones y leyes vinculadas a la represión política de la última década; que los perpetradores de graves violaciones y delitos internacionales rindan debida cuenta a la justicia,  y que las víctimas sean reconocidas y reparadas. 

Muchas gracias por su atención