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Kirguistán: De debatir la pena de muerte a prevenir la violencia de género

24 de marzo de 2026

Varias mujeres vistiendo trajes tradicionales
© VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

Tras la trágica violación y asesinato de una chica joven en Kirguistán en septiembre de 2025, la indignación pública condujo a peticiones para la reinstauración de la pena de muerte. A medida que el debate iba cobrando más fuerza, el jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, llevó a cabo un llamamiento a las autoridades para que se centraran en una justicia basada en la compasión, la prevención y el estado de derecho, no en las represalias.

Türk instó al Gobierno a reforzar los sistemas de protecciones y a ampliar el acceso a la justicia, haciendo hincapié en que "la respuesta debe centrarse en un planteamiento centrado en las víctimas y que cuente con recursos suficientes, para abordar la violencia, incluida la violencia sexual."

A principios de diciembre, el presidente Sadyr Japarov presentó formalmente una enmienda al Tribunal Constitucional con el fin de evaluar si la reinstauración de la pena de muerte sería constitucional. El 10 de diciembre, el Tribunal dictaminó que esta propuesta violaba las obligaciones derivadas de los tratados internacionales consagradas en la Constitución de Kirguistán, lo que confirmaba que la enmienda era inconstitucional.

Defendiendo los compromisos en materia de derechos humanos

A lo largo del proceso, la Oficina Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Asia Central mantuvo una participación activa en relación con esta cuestión. Matilda Bogner, Representante Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, declaró que la Oficina había compartido las normas internacionales y las obligaciones pertinentes en relación con los tratados tanto con las autoridades ejecutivas como judiciales.

Kirguistán no ha aplicado la pena capital desde 1998. Su ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 2010 abolió permanentemente la pena de muerte en su legislación. El PIDCP y el Protocolo vinculan jurídicamente a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que no se vuelve a implantar la pena de muerte.

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Es positivo comprobar que, a pesar de una iniciativa que parecía contar con un fuerte respaldo público pero que no cumplía con las obligaciones internacionales, en Kirguistán finalmente prevaleció una respuesta basada en el estado de derecho.

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Matilda Bogner, Representante Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Justicia más allá de las represalias

La propuesta provocó un debate nacional sobre lo que significa garantizar justicia para las víctimas. Bogner reconoció que el factor emocional es muy intenso en casos tan trágicos como el que motivó la enmienda.

"Se trata de un tema muy delicado, especialmente cuando tienes que tratar con estos casos tan espeluznantes," aseguró ella. "No obstante, diferentes investigaciones demuestran que garantizar un estado de derecho que sea predecible y coherente no retrasa la aplicación de la justicia, sino que la fortalece." Bogner añadió que "asegurar garantías procesales que sean predecibles es una forma mejor de prevenir casos atroces que introducir la pena de muerte en un sistema que no sea predecible", dijo.

Türk también subrayó que la justicia y la prevención deben ser los principales focos de atención.

«Los delitos citados por las autoridades como motivo para restablecer la pena de muerte son claramente abominables, y por tanto se debe aplicar la justicia de forma apropiada para esta clase de delitos. Sin embargo, no existen pruebas suficientes de que la pena de muerte desempeñe un papel significativo a la hora de disuadir de cometer delitos graves», aseveró.

Prevenir la violencia mediante sistemas más sólidos

Un debido proceso efectivo ofrece resultados que van más allá de una respuesta a la violencia; ayuda a prevenirla. Bogner subrayó que proteger a las mujeres de la violencia de género requiere de medidas rápidas y adecuadas tanto por parte de la policía como de los tribunales, lo que incluye la identificación temprana de señales de alerta.

Tras la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, varias autoridades de Kirguistán, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, reafirmaron el compromiso del país con el estado de derecho. Como parte de los esfuerzos continuos para prevenir la violencia, la Oficina está apoyando al Ministerio del Interior en el desarrollo de un nuevo sistema de evaluación de riesgos para afianzar la aplicación de respuestas oportunas a la violencia de género. Bogner afirmó que un sistema de estas características puede ayudar a las autoridades a vigilar distintas situaciones de manera más estrecha y de ese modo intervenir antes de que la violencia escale.

Tal como destacó Türk en una declaración reciente, la Oficina continúa trabajando con Kirguistán para construir un sistema de justicia centrado en las víctimas, que garantice la rendición de cuentas y, por encima de todo, que prevenga la violencia contra mujeres y niñas.

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