Resumen

En el presente informe, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, examina la creciente escala y complejidad del desplazamiento interno en las zonas urbanas, donde se calcula que residen actualmente 50 millones de desplazados internos. Los entornos urbanos pueden ofrecer más seguridad, servicios y potencial económico a los desplazados internos, pero también exponerlos a riesgos como la explotación, la discriminación, la vivienda precaria y la inseguridad. La expansión urbana no regulada, la desigualdad, la fragmentación del tejido social urbano y el desempleo, combinados con una planificación inadecuada del uso de la tierra y unas prácticas de construcción deficientes, pueden plantear importantes problemas para las autoridades locales en lo que respecta a la protección de las poblaciones urbanas, incluidos los desplazados internos, lo que los expone a mayores riesgos relacionados con los derechos humanos. En el informe, la Relatora Especial insta a reconocer la (re)integración como derecho equivalente al retorno, que requiere acceso a vivienda, servicios, identidad y plena participación social y política. Hace hincapié en la necesidad de respuestas coordinadas, basadas en los derechos y multisectoriales, que se fundamenten en la equidad y la rendición de cuentas. Destaca que el derecho a la (re)integración debe realizarse en dimensiones tanto tangibles (por ejemplo, acceso a servicios, vivienda y documentación) como intangibles (por ejemplo, bienestar, identidad y salud mental). Exhorta a los Estados Miembros a que vayan más allá de la ayuda temporal y adopten enfoques estructurales, centrados en las personas, que defiendan los derechos de los desplazados internos y propicien un desarrollo urbano resiliente e inclusivo