Tendiendo puentes entre empresas y derechos humanos

Aplicar la perspectiva de empresas y derechos humanos (EDH) a los servicios de apoyo humanos implica asegurar que tanto los proveedores públicos como los privados, incluidos aquellos contratados por los Estados, lleven a cabo procesos de debida diligencia en derechos humanos y apliquen principios explícitamente inclusivos de los derechos de las personas con discapacidad. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNUs) y el mandato y la política del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en materia de inclusión de los derechos de las personas con discapacidad, ello supone garantizar la igualdad de acceso, el diseño universal, los ajustes razonables, la información accesible, mecanismos de reclamación eficaces y la participación significativa de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas en todas las etapas: diseño de políticas, contratación pública, prestación de servicios y mecanismos de reparación.

En este marco se sitúa el proyecto EQUIP del ACNUDH, que impulsa esfuerzos para integrar la prestación de servicios humanos inclusivos de las personas con discapacidad dentro del panorama más amplio de implementación de los PRNUs.

EQUIP, acrónimo de “Equality and Quality in Disability-Inclusive Human Service Provision” (Igualdad y Calidad en la Provisión de Servicios Humanos Inclusivos de la Discapacidad), es un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Korea Disabled People’s Development Institute (KODDI).

El proyecto tiene como objetivo apoyar a los proveedores de servicios —tanto con fines de lucro como sin fines de lucro— para que alineen su trabajo con la CDPD y los PRNUs.

Aborda desafíos estructurales persistentes en el sector, entre ellos:

1. Brechas en las políticas públicas y en los mecanismos de financiamiento;
2. Inestabilidad en la fuerza laboral;
3. Integración limitada de modelos basados en derechos;
4. Escaso conocimiento de los PRNUs entre los actores que prestan servicios.

A través de diversas actividades —especialmente el desarrollo de productos de conocimiento fundacionales, el mapeo de riesgos en derechos humanos, la elaboración de documentos temáticos y el relevamiento de campo en dos países (Moldavia y México)— el proyecto busca ofrecer herramientas prácticas y vías de acción concretas para avanzar hacia servicios de apoyo inclusivos, sostenibles y conformes con los derechos humanos.

El principal resultado del proyecto EQUIP son seis documentos fundacionales y una lista de comprobación asociada que estructuran el enfoque sobre la provisión de servicios inclusivos de los derechos de las personas con discapacidad. Cada documento aborda una dimensión clave de la transformación hacia sistemas de cuidados y apoyos inclusivos y basados en derechos.

Documento fundacional 0 – Nota introductoria para proveedores de servicios de cuidados y apoyo

Este documento introductorio presenta los cuidados y apoyos como una condición estructural para el ejercicio de los derechos humanos, y no como un servicio meramente asistencial. Define el concepto de “cuidados y apoyos” a partir de marcos normativos de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, destacando que definiciones fragmentadas o ideológicamente sesgadas pueden perpetuar el paternalismo y la exclusión. Distingue entre distintos tipos de proveedores —públicos, privados, sin fines de lucro e informales— y sostiene que todos comparten la responsabilidad de respetar la dignidad, la autonomía y la inclusión. El documento reinterpreta el sector de los cuidados y apoyos desde una perspectiva de derechos, situándolos como componentes estructurales de la igualdad y no como actos caritativos o médicos. Asimismo, aclara cómo tanto los Estados como los proveedores de servicios tienen obligaciones y responsabilidades para hacer efectivos los derechos de la CDPD a través de la regulación, la contratación pública y las prácticas empresariales.

Documento fundacional 1 – El Estado como regulador y cliente

Este documento analiza el doble papel del Estado como regulador del mercado y como actor que también participa en él, mostrando cómo las decisiones de contratación pública, concesión de licencias y financiamiento moldean la estructura y los valores del sector de los servicios de cuidados y apoyo. Examina cómo determinadas decisiones estatales pueden reforzar la segregación —por ejemplo, cuando priorizan la “eficiencia” en clave de reducción de costos o las tasas de ocupación institucional—, mientras que otras pueden promover la vida independiente cuando se orientan por la autonomía, la inclusión y los derechos humanos. A partir de los PRNUs, identifica pasos concretos para integrar criterios basados en derechos humanos en los contratos públicos, los sistemas de financiamiento y los mecanismos de supervisión, incluyendo la debida diligencia obligatoria, la participación de las personas usuarias de los servicios en los procesos regulatorios y salvaguardias frente a conflictos de interés. Concluye que los Estados no pueden externalizar sus obligaciones bajo la CDPD mediante procesos de privatización: deben garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento de los derechos a lo largo de toda la cadena de valor de los servicios de cuidados y apoyo.

Documento fundacional 2 – La capacidad de decisión de las personas usuarias y la democratización de los servicios de cuidados y apoyo

La participación se presenta como un derecho humano central y como una condición sistémica para sistemas de cuidados y apoyo basados en derechos. Este documento explica cómo la capacidad de decisión de las personas usuarias debe integrarse en los sistemas de gobernanza, en el diseño de los servicios y en los procesos de monitoreo. Identifica barreras persistentes, como culturas paternalistas, consultas meramente simbólicas y vacíos regulatorios, y destaca mecanismos de transformación institucional como presupuestos participativos, consejos de personas usuarias y modelos de cogobernanza. Subraya que la participación debe ser inclusiva e interseccional, teniendo en cuenta las barreras que enfrentan las mujeres, los niños y niñas, las personas adultas mayores, las personas que viven en instituciones o aquellas que se encuentran en contextos rurales o de bajos ingresos. El documento presenta la “democratización” de los servicios de cuidados y apoyo tanto como una salvaguarda frente a abusos y como un medio práctico para mejorar la calidad de los servicios, la innovación y la confianza.

Documento fundacional 3 – Modelos de negocio y riesgos para los derechos humanos

Este documento examina cómo los modelos de negocio —definidos por las estructuras de financiamiento, la gobernanza, las prácticas laborales y los incentivos de desempeño— determinan los resultados en materia de derechos humanos. Identifica riesgos sistémicos asociados con modelos institucionales, medicalizados o centrados en la eficiencia de costos, y los contrasta con modelos emergentes basados en derechos. Utilizando una tipología de “semáforo”, clasifica los servicios en:

• Rojo – modelos institucionales o basados en el control, con altos riesgos para los derechos humanos;
• Amarillo – modelos transicionales o mixtos, con autonomía limitada pero con potencial de reforma;
• Verde – servicios basados en derechos y liderados por las personas usuarias, centrados en la autonomía, la inclusión y la participación comunitaria.

El documento destaca que la mayoría de los servicios existentes se sitúan actualmente en la categoría “amarilla”, lo que exige incentivos estructurales, reformas en el financiamiento y coherencia de políticas para avanzar hacia modelos “verdes”. También subraya que el trabajo decente es una condición previa para servicios respetuosos de los derechos humanos, vinculando los derechos laborales con los resultados para las personas usuarias.

Documento fundacional 4 – Los mecanismos de reparación y diligencia debida en materia de derechos humanos para el sector de los servicios de cuidados y apoyo

Este documento examina cómo aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas al sector de los servicios de cuidados y apoyo, en particular en relación con la responsabilidad de respetar los derechos humanos y el acceso a la reparación. Explica la debida diligencia en derechos humanos como un proceso continuo mediante el cual los proveedores de servicios identifican, previenen, mitigan y abordan los impactos negativos sobre las personas usuarias y otras personas afectadas.

El documento introduce un marco práctico de “involucramiento” que distingue entre situaciones en las que una entidad causa un impacto negativo, contribuye a él o está directamente vinculada con él a través de sus relaciones comerciales, orientando las respuestas apropiadas en cada caso. Asimismo, destaca la relevancia de determinados derechos de la CDPD —en particular la capacidad jurídica (artículo 12), el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19) y la libertad frente a la violencia, la explotación y el abuso (artículo 16)— para el diseño de procesos de debida diligencia en el sector.

Finalmente, el documento propone mecanismos para monitorear avances y fortalecer la rendición de cuentas, incluyendo mecanismos de reclamación accesibles y sistemas de retroalimentación diseñados con la participación de las personas usuarias y de las personas trabajadoras de los servicios.

Documento fundacional 5 – Una “combinación inteligente” de medidas para el sector de los cuidados y el apoyo

Este documento final integra los hallazgos de la serie en un marco coherente de “combinación inteligente” de medidas (smart mix), inspirado en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Propone articular instrumentos jurídicos, políticos y de mercado para alinear los sistemas de cuidados y apoyos con los estándares internacionales de derechos humanos.

El documento recomienda combinar distintos tipos de medidas, entre ellas:

• herramientas regulatorias, como la debida diligencia obligatoria en derechos humanos y mecanismos robustos de rendición pública de cuentas;
• incentivos económicos, incluidos mecanismos de contratación pública y financiamiento que premien modelos de servicio basados en la inclusión, la autonomía y la vida independiente;
• formas de gobernanza colaborativa, mediante plataformas multiactor y estructuras de cogestión con personas usuarias;
• mecanismos de aprendizaje e innovación, que promuevan el intercambio de datos, la innovación ética y el fortalecimiento de capacidades.

Lista de verificación

El proyecto EQUIP también incluye una lista de comprobación práctica destinada a ayudar a los Estados y a los proveedores de servicios a traducir los principios desarrollados en los documentos fundacionales en decisiones cotidianas. Estructurada en torno a la debida diligencia en derechos humanos con perspectiva de discapacidad y a los estándares de la CDPD, proporciona orientaciones para evaluar si las políticas públicas, los procesos de contratación, los arreglos de gobernanza, los modelos de personal, las prácticas de prestación de servicios y los mecanismos de reclamación promueven efectivamente la autonomía, la accesibilidad, la participación y la inclusión en la comunidad.

La lista puede utilizarse tanto como herramienta de planificación —para diseñar o reformar servicios y contratos— como de monitoreo —para identificar brechas, seguir el progreso y fortalecer la rendición de cuentas— a lo largo de todo el ciclo de los servicios, desde su diseño y contratación hasta su prestación y los mecanismos de reparación.

El conjunto del trabajo concluye que una transformación sostenible requiere coordinación entre Estados, proveedores, trabajadores y organizaciones de personas con discapacidad, sustentada en la rendición de cuentas, la participación y la inversión a largo plazo en ecosistemas de servicios basados en derechos.