Acerca del mandato

El 9 de octubre de 2025, mediante la la resolución 60/25, el Consejo de Derechos Humanos decidió unificar los mandatos sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y sobre la trata de personas en un solo mandato, bajo el título de Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la trata de personas. El nuevo mandato comenzará a operar el 1 de mayo de 2026, por un período inicial de tres años.

La decisión refleja el reconocimiento del Consejo de la interrelación que existe entre la esclavitud, la trata de personas y otras formas de explotación, y tiene como objetivo mejorar la coherencia, la eficacia y los efectos en la lucha contra estas violaciones de los derechos humanos. De conformidad con la resolución 60/25, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la trata de personas examinará e informará acerca de todas las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas en su calidad de asuntos relacionados, aunque distintos, según lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos relativas al Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y las resoluciones relativas al mandato del Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

El mandato abarca las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, incluidas sus causas y consecuencias.  Estas incluyen, entre otras:

• Formas tradicionales y contemporáneas de esclavitud, incluyendo el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la servidumbre, la esclavitud infantil, la servidumbre doméstica, la esclavitud sexual y prácticas análogas a la esclavitud;
• La trata de personas, especialmente mujeres y niños, con fines de explotación, incluyendo, pero sin limitarse a, explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos;
• Causas estructurales y fundamentales de la esclavitud y la trata de personas, como la pobreza, la discriminación, la desigualdad, la falta de acceso a vías seguras y regulares para la migración, los conflictos y emergencias humanitarias, el cambio climático, la regulación laboral insuficiente y la impunidad;
• Cuestiones emergentes y transversales, incluyendo la explotación en las cadenas de suministro, economías informales, entornos digitales y contextos transnacionales.

Al Relator Especial se le ha encomendado, a través de las resoluciones 51/15, 53/9 y 60/25 del Consejo de Derechos Humanos, entre otros:

• Promover la aplicación efectiva de las normas y directrices internacionales relevantes sobre esclavitud y la trata de personas;
• Solicitar, recibir e intercambiar información sobre formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas procedente de gobiernos, órganos creados en virtud de tratados, procedimientos especiales, organismos especializados, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras fuentes relevantes, incluyendo información sobre prácticas de esclavitud y trata de personas y, según proceda y de conformidad con la práctica actual, responder con eficacia a información fiable a presuntas violaciones de los derechos humanos con vistas a proteger los derechos humanos de las víctimas de esclavitud y trata de personas, así como a prevenir las violaciones;
• Recomendar actuaciones y medidas aplicables a nivel nacional, regional e internacional para eliminar la esclavitud y las prácticas de trata de personas dondequiera que éstas se produzcan, incluyendo recursos que aborden las causas y consecuencias de las formas contemporáneas de esclavitud y de trata de personas, como la pobreza, la discriminación y los conflictos, así como la existencia de factores relacionados con la demanda, además de medidas relevantes para fortalecer la cooperación internacional;
• Centrarse principalmente en aspectos de las formas contemporáneas de esclavitud que no traten ya los mandatos existentes del Consejo de Derechos Humanos;
• Integrar una perspectiva de género y de edad en todo el trabajo de su mandato mediante, entre otras cosas, la identificación de vulnerabilidades específicas relacionadas con el género y la edad y que estén conectadas con la cuestión de la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud;
• Identificar, compartir y promover buenas prácticas dirigidas a defender y proteger los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud, así como detectar las deficiencias en materia de protección a este respecto, especialmente en lo que se refiere a la identificación de las víctimas de la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud;
• Examinar las repercusiones de las medidas nacionales, regionales e internacionales contra la trata de personas y la esclavitud en los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud, con el fin de proponer respuestas adecuadas a los desafíos que surjan en este ámbito y evitar la revictimización de las víctimas.