Declaración final, Visita a Guatemala

Introducción

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos ha concluido hoy su visita a Guatemala. Agradecemos al Gobierno de Guatemala la invitación para realizar esta visita al país y su excelente cooperación, tanto a nivel nacional como a través de su Misión Permanente en Ginebra. Agradecemos especialmente los debates abiertos y constructivos que hemos mantenido con representantes del funcionariado del Gobierno, empresas, asociaciones sectoriales, sociedad civil, Pueblos Indígenas, personas defensoras de los derechos humanos, personas trabajadoras, periodistas, personas profesionales del derecho y otras partes interesadas que se reunieron con nosotras para analizar los avances, las oportunidades y los retos que plantea la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) en Guatemala.

Durante la visita, nos reunimos con el Presidente de la República de Guatemala, la Ministra de Trabajo y Previsión Social, el Ministro de Energía y Minas y la entonces Ministra de Ambiente y Recursos Naturales. También nos reunimos con representantes de los siguientes ministerios, organismos y entidades estatales: la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad; la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos; el Fondo de Tierras; el Instituto de Fomento Municipal; el Instituto Nacional de Electrificación; la Inspección General de Trabajo; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Finanzas Públicas; el Ministerio de Gobernación; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; el Ministerio Público; la Policía Nacional Civil, incluido el Director General; la Procuraduría General de la Nación; el Programa Nacional de Competitividad; la Secretaría Presidencial de la Mujer; y la Secretaría Privada de la Presidencia. Nos reunimos con funcionarios y funcionarias locales, entre ellos las gobernadoras de Quetzaltenango y Suchitepéquez y el gobernador de San Marcos, así como con representantes gubernamentales de los departamentos de Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos. Además, el Grupo de Trabajo se reunió con la presidenta y una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, un representante de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador de los Derechos Humanos. Durante la visita, nos reunimos con las siguientes asociaciones del sector privado: la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA); la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER); la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT); la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ); la Cámara de Comercio de Guatemala; la Cámara del Agro de Guatemala (CAMAGRO); la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR); el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE); el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); el Consejo Nacional Empresarial de Guatemala (CNE); la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA); la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT); la Red Global de Empresarios Indígenas de Guatemala (REI); y la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Guatemala; y con las siguientes empresas: AgroAmerica; Aura Minerales; Cementos Progreso; Element 28 (antes Maya Níquel); Fénix Nickel; Grupo Hame; Ingenio La Unión; Ingenio Santa Ana; Ingenio Tululá; Magdalena; NaturAceites; Oxec; Palmas del Ixcán; Pan American Silver; Pantaleón; y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA). Nos reunimos con Pueblos Indígenas y representantes de la sociedad civil, entre ellos personas defensoras de los derechos humanos, juventudes, periodistas, academia y personas trabajadoras. El Grupo de Trabajo también se reunió con el Equipo de país de las Naciones Unidas y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Lamentamos no haber podido reunirnos con miembros del Congreso a pesar de nuestras reiteradas solicitudes.

El Grupo de Trabajo también expresa su agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala por su excelente apoyo en la organización de la visita.

Al concluir esta visita, nos complace compartir nuestras observaciones preliminares. El Grupo de Trabajo presentará un informe sobre su visita a Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2027.

Contexto general de las empresas y los derechos humanos en Guatemala

Guatemala presenta una gran diversidad cultural y lingüística; aproximadamente el 44 % de la población se identifica como Indígena, principalmente maya, xinka y garífuna,^[1] y se hablan veinticuatro idiomas Indígenas además del español. La pobreza afectaba al 56 % de la población en 2023,^[2] mientras que la desigualdad profundamente arraigada y el racismo estructural siguen afectando de manera desproporcionada a los Pueblos Indígenas, especialmente en las zonas rurales.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 96,3 % de las empresas de la economía formal,^[3] generan alrededor del 70 % del empleo y aportan al menos el 40 % del PIB.^[4] Al mismo tiempo, una parte sustancial del capital y del poder de decisión sigue concentrada en un número relativamente reducido de grandes grupos empresariales y conglomerados controlados por familias, con una influencia significativa sobre la política económica y pública. La concentración es especialmente visible en la agricultura orientada a la exportación, la minería y la energía, sectores que a menudo operan en territorios Indígenas y comunidades rurales, o los afectan.

El contexto de empresas y derechos humanos también viene determinado por el conflicto armado interno y la aplicación incompleta de los Acuerdos de Paz de 1996, que preveían reformas para abordar la exclusión, la desigualdad en el acceso a la tierra y otras causas profundas del conflicto. Los desplazamientos históricos, los registros catastrales incompletos, las reclamaciones superpuestas, la concentración de la mayor parte de la tierra en manos de unos pocos y el reconocimiento insuficiente de las tierras comunales Indígenas siguen generando disputas territoriales que están en el centro de muchas violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas. El Gobierno está intentando abordar algunos de estos retos a través del Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036.

La capacidad de Guatemala para proteger los derechos humanos, regular las actividades empresariales y proporcionar recursos efectivos se ve aún más limitada por uno de los niveles más bajos de recaudación tributaria en relación con el PIB de los países de América Latina y el Caribe, lo que restringe los recursos financieros y humanos de los cuales disponen las instituciones. A estos retos se suman las deficiencias del sistema judicial, la corrupción, la escasa coordinación entre autoridades públicas, la falta de seguridad jurídica en cuestiones clave relacionadas con empresas y derechos humanos, y un modelo institucional y económico altamente centralizado. En algunos territorios, grupos de la delincuencia organizada y otros actores ilegales erosionan aún más la gobernanza y aumentan los riesgos para todas las partes interesadas. En conjunto, estas condiciones ponen de relieve la necesidad de un marco de empresas y derechos humanos que aborde no solo la conducta empresarial, sino también la desigualdad estructural, los derechos territoriales, la eficacia institucional y la distribución desigual del poder económico y político.

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos

El deber del Estado de proteger los derechos humanos

Guatemala cuenta con un marco constitucional que protege los derechos humanos y ha ratificado instrumentos internacionales clave, entre ellos el Convenio 169 de la OIT. Acogemos con satisfacción los recientes esfuerzos del Gobierno para abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos, incluida la adopción de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala (2025-2035), las medidas para combatir el trabajo forzoso y la trata de personas, los avances hacia mecanismos de protección para periodistas y los planes nacionales sobre género y cambio climático. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que acelere la puesta en marcha de la nueva política sobre personas defensoras y garantice que el mecanismo asociado de protección cuente con los recursos, la capacidad técnica y el apoyo institucional adecuados.

Encontramos especialmente alentadora la labor del Gobierno para elaborar una línea base sobre empresas y derechos humanos, lo que, en última instancia, conduciría a la creación de un Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos, un paso clave para la aplicación de los Principios Rectores. Este proceso brinda la oportunidad de adoptar un enfoque coherente que abarque a todo el Gobierno, de lograr una participación significativa de las partes interesadas y de mejorar el acceso a la reparación. Recomendamos que el Gobierno introduzca la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos, incluidas evaluaciones de impacto en derechos humanos, para reforzar su protección y mejorar la competitividad de las empresas guatemaltecas en los mercados internacionales, que exigen cada vez más estos requisitos.

En conjunto, estas medidas podrían subsanar las importantes brechas que persisten en los marcos jurídicos y normativos que regulan las empresas y los derechos humanos en Guatemala. En la actualidad, los derechos humanos suelen tratarse como una cuestión que compete exclusivamente al Estado, sin que se reconozca suficientemente la responsabilidad independiente de las empresas de respetar los derechos humanos. Las brechas son especialmente evidentes en la gobernanza de la tierra y los recursos naturales, así como en la aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), lo que genera inseguridad jurídica tanto para las empresas como para las personas titulares de derechos. Junto con una aplicación insuficiente de la ley, una capacidad institucional limitada y un acceso inadecuado a mecanismos de reparación, estas deficiencias obstaculizan la aplicación efectiva de los Principios Rectores y socavan la confianza pública en las instituciones estatales. La preocupación es especialmente grave en lo que respecta a los impactos negativos sobre los derechos humanos de las inversiones a gran escala en el sector extractivo.

El Estado debe reforzar sus capacidades técnicas y de supervisión, incluso en lo que se refiere a las normas ambientales y laborales. No deberían aprobarse licencias para actividades que puedan generar tales impactos a menos que las autoridades competentes tengan la capacidad de evaluar, supervisar y hacer cumplir los requisitos aplicables en materia de derechos humanos y medioambiente. La transparencia y el acceso a la información también constituyen retos fundamentales. El Grupo de Trabajo observó de primera mano cómo comunidades carecían de acceso a información relativa a las funciones del Estado y de las empresas, concesiones, renovaciones de licencias, monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto, lo que contribuye a la desconfianza y al conflicto social.

Además, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como las de Agua Caliente c. Guatemala (2023) y los Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros c. Guatemala (2021), han puesto de relieve deficiencias en la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. La implementación de estas sentencias sigue sin completarse y el Estado debe darle prioridad con carácter urgente.

En lo que respecta a los acuerdos de inversión y comercio, Guatemala debería preservar el espacio normativo necesario para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, revisando los acuerdos existentes y garantizando que los acuerdos futuros incluyan responsabilidades exigibles a inversionistas, salvaguardas de derechos humanos y requisitos para una participación significativa de las personas titulares de derechos. El Estado debería garantizar una mayor coherencia entre sus objetivos económicos, comerciales, de inversión, de contratación pública y de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo tomó nota de repetidos testimonios sobre el despliegue desproporcionado de las fuerzas de seguridad y el uso excesivo de la fuerza en el contexto de disputas comunitarias y desalojos.^[5] Las fuerzas del orden deben garantizar que no se reprima el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. También instamos al Gobierno a reforzar la regulación y la supervisión de las empresas de seguridad privadas.

Por último, hemos recibido denuncias sistemáticas de una amplia gama de partes interesadas sobre la influencia indebida del sector privado en los procesos legislativos, administrativos y judiciales. Si no se abordan estas preocupaciones, se corre el riesgo de socavar la rendición de cuentas, debilitar la aplicación de las leyes vigentes y limitar la capacidad del Estado para cumplir con su deber de proteger contra violaciones y abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas.

Responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos

El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción el creciente reconocimiento de los Principios Rectores entre el sector privado de Guatemala. Observamos que las asociaciones empresariales y las empresas están adoptando políticas de derechos humanos, incluidas laborales, ambientales y de género; elaborando orientaciones sectoriales sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y matrices de riesgo; mejorando la trazabilidad; supervisando a sus proveedores; y emprendiendo iniciativas en materia de salud y seguridad en el trabajo, empleo de las mujeres y prevención del trabajo infantil y forzoso. Algunas empresas informaron que miden sus impactos mediante evaluaciones independientes, mantienen procesos de diálogo con las comunidades en idiomas Indígenas y que han tomado decisiones empresariales difíciles para adaptar sus proyectos en respuesta a las preocupaciones de las comunidades. Estas prácticas constituyen bases importantes para el respeto de los derechos humanos en las operaciones empresariales en Guatemala.

Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo observó una brecha significativa entre los compromisos sobre el papel y su aplicación en la práctica. Si bien la inversión social, la filantropía y la prestación de servicios son valiosas, no sustituyen a la responsabilidad de respetar los derechos humanos. A lo largo de nuestras reuniones, recibimos testimonios reiterados sobre impactos negativos en los derechos humanos asociados a la minería, la energía, la construcción, la agricultura y otras actividades. Entre las preocupaciones figuraban la consulta inadecuada y la falta de obtención del CLPI de los Pueblos Indígenas; problemas heredados de actividades anteriores; despojo de tierras; restricciones al acceso al agua, alimentos, y servicios públicos; contaminación ambiental; condiciones de trabajo inseguras; la informalidad, la contratación discontinua y el impago de prestaciones; el trabajo infantil; ataques y procesos penales contra personas defensoras de los derechos humanos; la práctica de entablar un diálogo selectivo con grupos limitados de representantes comunitarios para agravar las divisiones dentro de las comunidades y socavar la toma de decisiones inclusiva; y el uso o la apropiación no autorizados de la propiedad cultural e intelectual colectiva de los Pueblos Indígenas con fines comerciales, incluidos los diseños textiles ancestrales de las mujeres Indígenas.

Varias empresas señalaron la fragmentación normativa y la ausencia de normas claras y aplicadas de manera coherente como fuentes de incertidumbre y competencia desleal. Una normativa clara es, sin duda, importante tanto para las comunidades como para las empresas. Sin embargo, las empresas no deben interpretar la ausencia de legislación nacional específica como un permiso para ignorar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y deben aplicarlos aun cuando los requisitos nacionales no estén a la altura de estándares internacionales.

Además, el Grupo de Trabajo está especialmente preocupado por los procedimientos de arbitraje iniciados por empresas contra el Estado, en relación con decisiones sobre violaciones de los derechos humanos, lo que ejerce una presión considerable sobre las finanzas públicas y la toma de decisiones normativas, generando un efecto de congelamiento Las empresas que invierten en Guatemala son responsables de llevar a cabo su propia debida diligencia en materia de derechos humanos de forma continua, incluso antes de realizar su inversión, y deben abstenerse de hacer un uso indebido del arbitraje.

Hemos observado preocupaciones reiteradas en relación con el personal de seguridad privada contratado por empresas, incluidas denuncias de intimidación, uso excesivo de la fuerza y participación en operaciones violentas relacionadas con la tierra y en desalojos, incluidos asesinatos de personas defensoras. La tercerización de la seguridad no terceriza la responsabilidad. Las empresas deben ejercer una debida diligencia en materia de derechos humanos reforzada a la hora de seleccionar, contratar y supervisar a los proveedores de seguridad, prohibir los desalojos forzosos o la coacción ilegal, investigar las denuncias, cooperar con las investigaciones legítimas y proporcionar medidas de reparación cuando proceda. Acogemos con satisfacción los debates emergentes entre los sectores público y privado sobre prácticas de seguridad responsables, que deben traducirse en un sistema eficaz de concesión de licencias, formación, supervisión y rendición de cuentas.

El Grupo de Trabajo también escuchó preocupaciones relativas a la influencia de los intereses empresariales sobre las leyes y políticas relevantes para los derechos humanos, incluida la protección del medioambiente. Si bien las empresas y sus asociaciones desempeñan un papel legítimo en el debate público, su participación debe ser transparente y coherente con la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Las empresas deben incluir la participación política en su debida diligencia en materia de derechos humanos, dar a conocer sus posiciones y actividades, y abstenerse de apoyar medidas o de utilizar los procesos judiciales de manera que debiliten la protección de los derechos humanos, obstaculicen el acceso a la reparación o restrinjan el espacio normativo necesario del Estado en materia de política de derechos humanos.^[6] Asimismo, deben garantizar que las posiciones de las asociaciones a las que pertenecen se ajusten a sus compromisos en materia de derechos humanos y utilizar su influencia para subsanar las incoherencias.

Por lo tanto, la tarea urgente para la comunidad empresarial de Guatemala no es simplemente demostrar que existen políticas, sino mostrar, mediante pruebas transparentes y la experiencia de las personas titulares de derechos afectadas, que la conducta empresarial respeta los derechos humanos en la práctica. Hacemos un llamado al sector privado para que siga profundizando sus compromisos y acciones.

Acceso a mecanismos de reparación

Hemos observado iniciativas positivas por parte de las instituciones estatales, incluidos mecanismos destinados a facilitar la denuncia de violaciones y abusos. Sin embargo, seguimos profundamente preocupados por las importantes barreras a las que se enfrentan las personas titulares de derechos que buscan que se rindan cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas.

Constatamos que el acceso a la reparación se ve limitado por varios factores interrelacionados, entre ellos: retrasos en los procedimientos judiciales; acceso limitado a la información y a las pruebas; capacidad institucional insuficiente para investigar casos complejos relacionados con las empresas; barreras a las que se enfrentan los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales para acceder a la justicia, incluidas barreras lingüísticas; falta de reparación por daños históricos; y denuncias de influencia indebida por parte de actores económicos poderosos sobre los procesos administrativos, judiciales y políticos. Estos factores contribuyen a la desconfianza en las instituciones y socavan la confianza en la capacidad de las personas y comunidades afectadas para obtener una reparación efectiva. Insistimos en que las comunidades no deben soportar una carga financiera o probatoria desproporcionada para demostrar el daño antes de que las autoridades estatales investiguen.

Los tribunales han desempeñado un papel importante en el avance de la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, entre otras cosas como vía para que los Pueblos Indígenas y otras comunidades locales impugnen proyectos. Varias sentencias históricas de la Corte Constitucional (por ejemplo, la n.º 90-2017 y la n.º 4785-2017) han reafirmado la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas y han contribuido a desarrollar una importante jurisprudencia en la materia. Al mismo tiempo, hemos escuchado reiteradas preocupaciones respecto a prácticas judiciales incoherentes, tales como la excesiva y prolongada duración de los procedimientos, la imposibilidad de acceder a la información y las dificultades para garantizar la aplicación efectiva de las resoluciones judiciales.

El acceso efectivo a la reparación requiere no solo vías legales para presentar denuncias, sino también instituciones dotadas de recursos suficientes y capaces de supervisar, investigar y abordar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, incluidos los impactos ambientales. El Estado debe poner fin a la cultura de impunidad y enviar un mensaje claro de que no se tolerarán las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas. Para ello, es esencial contar con un poder judicial independiente e imparcial. Durante la visita, diversas partes interesadas plantearon en repetidas ocasiones sus preocupaciones respecto a la independencia de las instituciones judiciales y administrativas. Entre las denuncias figuraban la investigación insuficiente de las denuncias contra las empresas, la revocación o falta de aplicación de sanciones, la aplicación selectiva de la ley y la criminalización de personas operadoras de la justicia. Estas denuncias ponen de relieve la necesidad de reforzar la independencia judicial, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger los derechos y garantizar la rendición de cuentas. Nos remitimos a las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,^[7] e instamos a las partes pertinentes a que las apliquen con carácter urgente, en particular en lo que se refiere a los procesos de nombramiento y selección de los miembros del poder judicial.

La Procuraduría de Derechos Humanos tiene un papel clave que desempeñar a la hora de garantizar el acceso a la reparación. Instamos al Procurador a que ejerza activamente su autoridad para garantizar que el funcionariado público e instituciones del Estado desempeñen sus funciones de conformidad con estándares de derechos humanos.

Por último, durante nuestra visita, identificamos algunos mecanismos de reclamación a nivel operacional potencialmente prometedores de parte de empresas, como los canales de denuncia anónimos, los puntos de acceso comunitarios, incluso en idiomas Indígenas, y los procedimientos de recurso. Sin embargo, el Grupo de Trabajo encontró pruebas independientes limitadas en cuanto a su accesibilidad, previsibilidad, compatibilidad con los derechos y eficacia desde la perspectiva de las personas titulares de derechos afectadas. Animamos a las empresas que operan en Guatemala a que establezcan mecanismos de reclamación a nivel operacional en consonancia con los Principios Rectores y a que publiquen información desglosada sobre su uso y resultados.

Temas específicos de interés

Pueblos Indígenas

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a ser consultados en asuntos que afecten a sus derechos, incluidos los derechos culturales, tal y como establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala en 1996. Dichas consultas deben buscar el CLPI, tal y como establecen el derecho, los estándares y la jurisprudencia internacionales. El Grupo de Trabajo constató que las consultas relacionadas con las operaciones empresariales rara vez se llevan a cabo antes de la concesión de licencias y permisos, lo que ha generado conflictos y ha minado la confianza entre las comunidades, las instituciones estatales y las empresas. A pesar de los importantes impactos causados por las operaciones empresariales, sigue siendo un reto lograr una participación significativa y culturalmente adecuada que permita identificar de forma temprana las preocupaciones y reclamaciones. Se necesitan directrices gubernamentales claras; recomendamos la elaboración de un marco que reconozca la diversidad cultural, promueva el uso de protocolos desarrollados junto con los Pueblos Indígenas sujetos de ser consultados y establezca parámetros claros en cuanto a los resultados, de conformidad con las normas internacionales aplicables. Las empresas deben entender la consulta como un aspecto central de la debida diligencia en materia de derechos humanos y abstenerse de operar sin diálogo y sin el consentimiento de las comunidades.^[8]

Es urgente reconocer el derecho a las tierras que los Pueblos Indígenas poseen, utilizan o han adquirido tradicionalmente, incluidas aquellas bajo tenencia consuetudinaria. Tomamos nota de algunas iniciativas positivas del Fondo de Tierras, la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, y alentamos al Gobierno a que complete un registro catastral para resolver los conflictos territoriales actuales y prevenir los futuros, incluidos los desalojos. El Grupo de Trabajo recibió denuncias de prácticas problemáticas en relación con los desalojos de Pueblos Indígenas y de otras comunidades, además de las mencionadas anteriormente, entre ellas la falta de notificación oportuna y de información culturalmente adecuada, así como la participación ilegal de agentes de seguridad privada en la destrucción de viviendas y cultivos, sin que se ofrecieran mecanismos de reparación adecuados a las comunidades desalojadas.

El Grupo de Trabajo observó crecientes espacios de diálogo entre las autoridades Indígenas y el Gobierno, particularmente la asamblea de diálogo permanente entre el Presidente de la República y autoridades Indígenas y ancestrales, de carácter mensual. Asimismo, tomamos nota que desde 2002 existen cinco niveles de órganos representativos formales, pero persisten los retos relacionados con su composición, con denuncias generalizadas de corrupción y conflicto de intereses, lo que afecta directamente a la representación de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones públicas.

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información según sus propias formas tradicionales y culturalmente adecuadas. El Grupo de Trabajo observó dificultades relacionadas con las radios comunitarias, el acceso a las radiofrecuencias y la persecución de periodistas Indígenas, lo que socava el pleno ejercicio de esos derechos.

Personas defensoras de los derechos humanos

A lo largo de la visita, el Grupo de Trabajo tomó nota en repetidas ocasiones de denuncias sobre la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas, miembros de Pueblos Indígenas, representantes de organizaciones no gubernamentales, personas profesionales del derecho y periodistas, en relación con sus esfuerzos legítimos por sacar a la luz y denunciar actividades empresariales perjudiciales. Según la información recibida, las personas defensoras se han enfrentado a acusaciones tales como terrorismo, asociación ilícita, ataques contra la propiedad privada, usurpación agravada y extorsión. El uso del sistema judicial como arma para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación. El Grupo de Trabajo insta al recientemente nombrado Fiscal General a que lleve a cabo, con carácter prioritario, una revisión exhaustiva de todos los casos relacionados con la presunta criminalización de personas defensoras de los derechos humanos y a que garantice que se proporcione reparación efectiva cuando se hayan producido violaciones. El Grupo de Trabajo recibió con buenos ojos la información de que el Ministerio Público ha iniciado medidas disciplinarias contra los fiscales presuntamente implicados en conductas indebidas.

Las personas defensoras de los derechos humanos también han sido objeto de estigmatización y campañas de desprestigio en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, y se han enfrentado en numerosas ocasiones a amenazas, intimidaciones, agresiones físicas e incluso asesinatos, presuntamente perpetrados por actores armados, incluidas empresas de seguridad privadas. Muchas de estas personas se han visto obligadas a huir del país. Además, según la información recibida, se han reprimido las protestas pacíficas contra las actividades empresariales, mientras que la policía presuntamente no ha adoptado las medidas adecuadas para proporcionar protección. Las personas defensoras suelen abstenerse de presentar denuncias debido a la falta de confianza en el sistema judicial.

Las mujeres defensoras de los derechos humanos, que han permanecido valientemente en la primera línea de las acciones de resistencia pacífica, se han visto particularmente afectadas. Se enfrentan a formas de intimidación, acoso y violencia específicas de género, tanto físicas como psicológicas, con graves repercusiones para sus familias y comunidades.

Deseamos subrayar que los Principios Rectores instan a los Estados a garantizar que no se obstaculicen las actividades legítimas de las personas defensoras de los derechos humanos. Instamos al Estado a que aplique plenamente su nueva política sobre personas defensoras y adopte medidas adicionales para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras que trabajan en cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos. Del mismo modo, las empresas deben respetar los derechos de las personas defensoras, abstenerse de cualquier acción que pueda socavar su labor legítima y colaborar activamente con las partes afectadas de manera transparente, significativa y sin represalias.

Género

El Grupo de Trabajo ha observado esfuerzos positivos en instituciones públicas, como la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), y en las empresas para abordar la discriminación y las desigualdades de género y promover mayores oportunidades para las mujeres. Lamentablemente, persisten las denuncias relacionadas con la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo. El Grupo de Trabajo recomienda a Guatemala que ratifique el Convenio 190 de la OIT para reforzar sus esfuerzos en la materia.

El Grupo de Trabajo ha constatado un número creciente de lideresas Indígenas fungiendo como autoridades, pero ha observado los retos a los que siguen enfrentándose en cuanto a su participación en los procesos de toma de decisiones, así como la violencia, el racismo y la discriminación persistentes en la sociedad. A este respecto, tomamos nota de los esfuerzos llevados a cabo a través de la Defensoría de la Mujer Indígena, especialmente a nivel local.

Las personas de la diversidad sexual y de género sufren discriminación, especialmente en las comunidades locales y rurales, lo que reduce su acceso a oportunidades. El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción los esfuerzos liderados por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas para abordar estas cuestiones, así como las políticas de no discriminación aplicadas por el sector privado.

El Grupo de Trabajo anima a la SEPREM a que apruebe con carácter urgente la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, y le invita a que considere la inclusión de elementos relacionados con las empresas y los derechos humanos.

Medio ambiente y recursos naturales

Durante la visita, el Grupo de Trabajo documentó numerosos casos de graves impactos en los derechos humanos que afectan a las comunidades locales y a su derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Entre las preocupaciones señaladas figuran la reducción de los caudales de agua asociada a las actividades mineras, los proyectos hidroeléctricos y los monocultivos; la expansión de las operaciones empresariales hacia áreas protegidas; el uso generalizado de plaguicidas y otros productos químicos que provocan la contaminación del agua y del suelo, así como efectos adversos para la salud; y la creciente frecuencia de las sequías, que merman aún más el acceso a los recursos naturales. Estos impactos ambientales han afectado a la seguridad alimentaria y a los medios de subsistencia, contribuyendo a la malnutrición y a otros problemas de salud, especialmente entre la niñez, lo que supone un riesgo significativo para el disfrute de los derechos de la niñez.

Más del 90 % de las fuentes de agua de Guatemala están contaminadas,^[9] lo que pone de relieve la urgente necesidad de un marco jurídico que regule la calidad del agua, el acceso a la misma y el control de la contaminación. El Grupo de Trabajo considera esencial que la Iniciativa de ley 6816 sobre el agua incluya salvaguardas para proteger los derechos humanos, garantizar el acceso equitativo al agua, exigir evaluaciones de impacto para las operaciones empresariales a gran escala y prevenir la sobreexplotación de los escasos recursos hídricos. Durante nuestra visita al Valle de Palajunoj y a los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua vinculados a las medidas cautelares relativas a la mina Marlin en San Marcos, observamos de primera mano los retos a largo plazo a los que siguen enfrentándose las comunidades para garantizar un acceso fiable al agua potable, incluidos los derivados de las actividades empresariales. Tomamos nota de las preocupaciones relativas a los retrasos en la ejecución, la entrega incompleta de la infraestructura y la falta de mecanismos sostenibles que garanticen el funcionamiento y el mantenimiento continuados de los sistemas de abastecimiento de agua. Instamos a las autoridades nacionales y locales a que redoblen sus esfuerzos en estos ámbitos para proporcionar urgentemente agua a las comunidades afectadas.

El Grupo de Trabajo también recibió información sobre los retos en el sector energético. Nos preocupa que, si se aprueba la Iniciativa de ley 6665 sobre infraestructura de transporte de energía eléctrica tal y como está redactada, se facilite el establecimiento de líneas de transporte mediante procedimientos acelerados que no protejan los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afectadas, incluidos los derechos a la consulta, la participación, los derechos sobre la tierra y una reparación efectiva, al tiempo que podrían debilitarse las salvaguardas ambientales. El Grupo de Trabajo está alarmado por la persistencia de la pobreza energética, en particular en las comunidades situadas en las proximidades de proyectos de generación de energía, que siguen careciendo de acceso a la electricidad y a servicios energéticos asequibles, o que son criminalizadas cuando no pueden pagar facturas de energía excesivamente caras (por ejemplo, en los departamentos de San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu).

En este contexto general, el Grupo de Trabajo insta a Guatemala a ratificar el Acuerdo de Escazú, lo que reforzaría la protección de los derechos ambientales y humanos y mejoraría las salvaguardas para las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Derechos laborales

El Grupo de Trabajo recibió testimonios de primera mano sobre violaciones de los derechos laborales en el sector agrícola, especialmente en las plantaciones de palma de aceite, de plátano y banano, y de caña de azúcar, así como en el sector minero. Estos informes incluyen denuncias de accidentes laborales, incluidos mortales, derivados del incumplimiento de las normas básicas de salud y seguridad en el trabajo. Según se informa, los empleadores no proporcionan de manera sistemática equipos de protección adecuados, especialmente a personas trabajadoras que manipulan productos químicos peligrosos.

El Grupo de Trabajo observó que muchas personas trabajadoras, especialmente en los campos de monocultivo, se ven obligadas a trabajar jornadas excesivamente largas, con escasos o ningún descanso, cobrando el salario mínimo. Según la información recabada, algunas de estas personas se ven forzadas a recurrir al consumo de mezclas de bebidas energéticas y analgésicos para soportar estas condiciones, lo que les provoca graves problemas de salud. También nos preocupan profundamente las alegaciones de trabajo infantil en las plantaciones agrícolas.

El Grupo de Trabajo también recibió denuncias de personas trabajadoras a las que se les han denegado las pensiones porque sus empleadores dedujeron las cotizaciones a la seguridad social de sus salarios, pero no las ingresaron a las autoridades gubernamentales competentes.

El Grupo de Trabajo toma nota del aumento de las inspecciones laborales desde 2024, al tiempo que advirtió las limitaciones de capacidad de la Inspección General del Trabajo. Alentamos al Gobierno a que siga reforzando el sistema de inspección laboral mediante la asignación de recursos financieros y humanos adicionales, y a que garantice inspecciones más frecuentes y eficaces, especialmente en los sectores de alto riesgo.

El Grupo de Trabajo constató que las juventudes, sobre todo fuera de la Ciudad de Guatemala, tiene un acceso limitado a la educación y están expuestas a condiciones de trabajo precarias y presuntamente explotadoras en sectores como los centros de atención telefónica y la agroindustria. La inversión en educación de calidad, formación profesional y trabajo digno es esencial para reducir la explotación, la desigualdad y las presiones migratorias.

Conclusiones

El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la apertura y el compromiso del Gobierno de Guatemala para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nos preocupan los graves retos que hemos observado en relación con las brechas en la legislación y su aplicación, la falta de capacidad y de recursos en las instituciones gubernamentales, y las cuestiones relacionadas con la independencia y la eficacia del sistema judicial.

Las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados a los recursos naturales, incluidos al agua y la tierra, el medioambiente y la salud, así como sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales. Se han denunciado en repetidas ocasiones casos de influencia indebida de las empresas y las asociaciones empresariales en la toma de decisiones públicas, lo cual es motivo de especial preocupación. Garantizar y respetar las consultas y el Consentimiento Libre, Previo e Informado sigue siendo un reto importante en el país. La criminalización generalizada de personas defensoras de los derechos humanos es alarmante y debe cesar de inmediato.

Si bien el Gobierno y las empresas han adoptado una serie de medidas positivas, el cumplimiento de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales se ve, en la práctica, considerablemente limitado por problemas estructurales. Se necesitan más esfuerzos por parte de los actores estatales y privados para garantizar la plena aplicación de los Principios Rectores, lo que beneficiaría a la sociedad guatemalteca en su conjunto, así como a la economía y la competitividad del país. El Grupo de Trabajo insta a todos los sectores a reforzar sus compromisos y acciones, y se mantiene dispuesto a continuar su colaboración y diálogo con todas las partes.

[1] https://censo2018.ine.gob.gt/explorador

[2] https://pip.worldbank.org/country-profiles/GTM

[3] https://www.mineco.gob.gt/mineco-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mipyme-reconociendo-su-papel-esencial-en-el-desarrollo-economico-y-social-del-pais

[4] https://odep.url.edu.gt/investigaciones/monitoreo-de-coyuntura/2025/06/importancia-de-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas-en-la-economia-guatemalteca/

[5] Véanse, por ejemplo, las recomendaciones del informe del Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada sobre su Visita a Guatemala (A/HRC/61/43/Add.1)

[6] Véase, por ejemplo, el Informe del Grupo de Trabajo sobre la influencia de las empresas en la esfera política y reglamentaria (A/77/201)

[7] Véase el Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados sobre su Visita a Guatemala (A/HRC/62/43/Add.1)

[8] Véase, por ejemplo, la Guía del Grupo de Trabajo sobre el derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo, e informado en el contexto de las actividades empresariales (A/HRC/62/36/Add.2)

[9] https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/2024/preliminary_observations_guatemala.pdf