A cinco años del reconocimiento del derecho a un ambiente sano: personas expertas de la ONU exhortan a avanzar en su aplicación

Conmemorando cinco años desde que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconociera expresamente que todas las personas, en todas partes, deben disfrutar del derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible, los Estados, las entidades internacionales y las empresas deben priorizar su aplicación.

La aplicación del derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible constituye una prioridad urgente, especialmente dadas las repercusiones cada vez más graves que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica tienen sobre los derechos humanos. Como personas expertas de las Naciones Unidas en derechos humanos, exhortamos enfáticamente a todos los Estados, entidades internacionales y empresas, a demostrar liderazgo y promover soluciones prácticas sobre el terreno para enfrentar la triple crisis planetaria, incorporando este derecho de manera transversal, en lugar de aumentar la resistencia a su aplicación. Hoy el reconocimiento universal de este derecho está reforzado, por la claridad jurídica brindada por el derecho internacional. Por consiguiente, su aplicación efectiva y sin demora es esencial para garantizar la protección y el goce de todos los demás derechos humanos.

El 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció expresamente, mediante la Resolución 48/13, el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Esta resolución histórica abonó el camino para que la Asamblea General reconociera, a su vez, este derecho en julio de 2022. Sin embargo, el reconocimiento por sí solo no basta. Es preciso trasladar este derecho del plano de los principios a la práctica, en particular para las personas y los grupos en situación de marginalidad, que son quienes más sufren los efectos negativos de la degradación ambiental y del cambio climático, incluidas las mujeres, que experimentan efectos específicos y desproporcionados de estas crisis. Asimismo, este derecho debe integrarse en todos los niveles de la educación.

Al conmemorar el histórico reconocimiento del derecho humano de todas las personas, en todas partes, a un ambiente limpio, sano y sostenible, subrayamos su interdependencia con todos los demás derechos y su carácter esencial para promover la paz y el desarrollo sostenible. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y, como se reafirmó unánimemente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, más recientemente, en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, un ambiente sano es esencial para el disfrute de todos los demás derechos humanos y constituye una condición previa para ello.

El reconocimiento del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano constituye un hito alcanzado gracias a los esfuerzos colectivos y a la colaboración de numerosos actores de todo el mundo. Este reconocimiento histórico contó con el apoyo de los Estados, con una amplia mayoría que votó a favor y ninguno en contra de estas resoluciones. Fue el resultado de cinco décadas de esfuerzos de los Pueblos Indígenas, personas defensoras de los derechos humanos, movimientos sociales, personas afrodescendientes, campesinado, organizaciones de la sociedad civil, entidades de Naciones Unidas, Procedimientos Especiales y muchas otras personas y entidades. Constituye, por tanto, un testimonio de lo que pueden lograr la cooperación internacional y procesos participativos en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

El derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible abarca un aire limpio, un clima seguro, alimentos seguros y producidos sosteniblemente, agua sana y suficiente, una biodiversidad y unos ecosistemas sanos, y entornos libres de tóxicos. Un ejemplo, son los sistemas alimentarios industriales que repercuten en los ecosistemas y la biodiversidad sanos, así como en otros elementos de este derecho. Por consiguiente, es necesario impulsar vías de transformación agroecológica de los sistemas alimentarios industriales para salvaguardar los ecosistemas y los alimentos para las generaciones futuras. Un ambiente sano también comprende el acceso a la información, la participación pública efectiva y el acceso a la justicia y a recursos efectivos.

El reconocimiento del ambiente sano como derecho por el Consejo de Derechos Humanos, seguido por la Asamblea General, ha llevado a un número creciente de Estados a reconocerlo en sus constituciones o legislaciones. Hasta la fecha, 166 Estados lo han hecho. Los sistemas africano e interamericano de derechos humanos fueron los primeros en reconocer este derecho. También está incluido en la Carta Árabe de Derechos Humanos y ha sido reconocido por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que recientemente adoptó una declaración sobre el derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, y actualmente se está elaborando un plan de acción regional. El Consejo de Europa lleva varios años debatiendo este reconocimiento, y personas expertas de las Naciones Unidas en derechos humanos han instado a los Estados miembros a iniciar negociaciones para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante que reconozca el derecho a un ambiente sano. Este reconocimiento jurídico se ve reforzado por las recientes opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que confirman que un ambiente sano es un derecho humano y un elemento esencial para impulsar las transformaciones urgentes, sistémicas y profundas necesarias para lograr un planeta sano para todas las personas.

Subrayamos asimismo la importancia y la obligación de los Estados de proteger eficazmente a las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente, las organizaciones y los movimientos de la sociedad civil, incluidas las mujeres defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación independientes y quienes trabajan para proteger el ambiente, el sistema climático, la tierra, el territorio y el océano. La aplicación del derecho a un ambiente sano exige también garantizar que estas personas y entidades reciban un amplio apoyo, reconocimiento y protección, que refleje lo crucial que es su labor para todas las comunidades, las sociedades y para el planeta. Sin embargo, en la actualidad quienes defienden el ambiente, tierras y territorios se enfrentan cada vez más a graves amenazas y ataques, e incluso a desapariciones forzadas y asesinatos, así como a la reducción de los espacios cívicos en los que pueden desarrollar su labor. Observamos con preocupación el contraste entre el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y la preocupante situación que afrontan las personas defensoras de los derechos humanos y el ambiente, en particular las mujeres y las niñas, los Pueblos Indígenas, las personas afrodescendientes, el campesinado y las comunidades pesqueras, así como quienes ejercen la ciencia de forma independiente, medios de comunicación independientes y las organizaciones y los movimientos de la sociedad civil. Reafirmamos, por tanto, la obligación de los Estados y la responsabilidad de las entidades internacionales y las empresas de respetar este derecho y garantizar un espacio seguro para quienes trabajan en su defensa. Los Estados también deben investigar todas las desapariciones forzadas y los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos relacionados con el ambiente, de conformidad con las normas internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), con miras a garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, prevenir la impunidad y extraer enseñanzas para evitar la repetición de las vulneraciones.

Acogemos con satisfacción la inclusión del derecho a un ambiente sano en decisiones multilaterales, como el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y destacamos la importancia de seguir avanzando en su inclusión y aplicación. Subrayamos que los Estados, las empresas y las entidades internacionales deben trabajar de manera coordinada para garantizar su aplicación efectiva.

También nos preocupan los retrocesos legislativos y en materia de políticas, así como la creciente prevalencia de la guerra, los conflictos, la ocupación y el genocidio, todos los cuales tienen repercusiones directas y profundas sobre el derecho a un ambiente sano. Un ambiente sano es un catalizador y sostén para un planeta sano y pacífico. Por consiguiente, en lugar de promover la desregulación y la escalada de los conflictos, la militarización y la financiación de la guerra, los esfuerzos deberían reorientarse hacia el fortalecimiento del Estado de derecho y el aumento de la inversión en la protección del ambiente, la acción climática y la restauración de los ecosistemas, de conformidad con las obligaciones establecidas por el derecho internacional.

Las dificultades surgidas recientemente para incluir de manera expresa el derecho a un ambiente sano en las negociaciones y acuerdos internacionales ponen de relieve la necesidad de renovar la colaboración y el compromiso para avanzar en la implementación de este derecho. Es fundamental que los Estados y las empresas, así como todas las entidades internacionales, incorporen de manera transversal el derecho a un ambiente sano y, al igual que ocurrió para lograr su reconocimiento, colaboren estrechamente para garantizar su aplicación efectiva.

Subrayamos que la incorporación del derecho a un ambiente sano y de un enfoque basado en los derechos humanos es fundamental para abordar las causas profundas y prevenir y hacer frente a los graves efectos de las crisis planetarias provocadas por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica, así como a sus graves consecuencias ambientales, económicas, sociales, culturales y para el desarrollo.

Reiteramos que el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible es esencial para el disfrute de todos los derechos humanos, y que las personas que se encuentran en las situaciones de mayor marginación y discriminación son quienes más sufren los efectos negativos de la triple crisis planetaria. Por consiguiente, destacamos la importancia de garantizar que todas las acciones e iniciativas den prioridad y aborden estos efectos, así como desarrollar soluciones interseccionales fundamentadas en la ciencia y en las buenas prácticas, incluidos los conocimientos de los Pueblos Indígenas y los conocimientos ancestrales, así como en la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, y que cuenten con presupuestos adecuados para que las medidas se apliquen con carácter prioritario y apoyen y beneficien, en particular, a quienes menos han contribuido a estas crisis y, sin embargo, son quienes más sufren sus efectos.