Mujeres arrestadas arbitrariamente por pedir el divorcio. Opositores sujetos a incomunicación sin acceso a sus abogados ni a sus familiares. Menores de edad encarcelados durante años sin juicio por acusaciones de robo.

El aumento de los arrestos y las detenciones arbitrarias en Sudán del Sur ha planteado graves preocupaciones en materia de derechos humanos, a medida que cientos de opositores políticos, periodistas y activistas sufren acoso e intimidación o son detenidos por organismos de seguridad del Estado o grupos armados, en una situación que, según advierten los grupos de derechos humanos del país, está socavando el precario proceso de paz que ha prevalecido en Sudán del Sur.

Según testimonios que numerosos testigos presenciales y víctimas han aportado a la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), agentes de las Fuerzas de Defensa Populares de Sudán del Sur y del Servicio Nacional de Seguridad han detenido en los últimos meses a docenas de personas que mantienen actitudes críticas hacia el régimen, entre las que figuran varios miembros del Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLA-IO).

Las detenciones arbitrarias se han llevado a cabo mediante la retención de las víctimas en situación de incomunicación, la denegación de la asistencia letrada y el contacto con sus familiares, y el uso de torturas y malos tratos en las instalaciones de reclusión. Entre los arrestados figuran el primer vicepresidente de Sudán del Sur, ministros, parlamentarios y oficiales del ejército, así como numerosos civiles.

Entre enero y junio de 2025, la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur ha documentado un total de 94 incidentes de arresto y detención arbitraria que han afectado a 391 personas, entre ellas a ocho mujeres, cuatro niños y una niña, muchos de ellos vinculados al grupo opositor SPLA-IO.

Según explican los grupos de derechos humanos, desde el incremento de la violencia en el condado de Nasir, en el Estado del Alto Nilo, la práctica de realizar detenciones arbitrarias de figuras del ejército y la oposición política, sin órdenes de arresto ni el debido proceso judicial, ha llegado a ser una táctica para acallar a los rivales políticos y suprimir la disidencia.

Tras el aumento de las hostilidades, los arrestos arbitrarios y el incremento del discurso de odio en el país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que podría producirse un deterioro aún mayor en la situación de derechos humanos.

“Me preocupa, ya que muchas de estas detenciones son arbitrarias, y las personas fueron detenidas sin mediar órdenes de captura ni proceso judicial adecuado”, afirmó Türk. “Quienes hayan sido detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional”.

“El aumento de las hostilidades en Sudán del Sur es muy preocupante, ya que amenaza el proceso de paz del país, que ya era sumamente precario”, añadió el Alto Comisionado.

Control de género

Aunque algunos arrestos y detenciones arbitrarias han afectado a miembros del SPLA-IO, las niñas y las mujeres también han sido víctimas de estas prácticas ilícitas, que ponen de relieve el uso del género como instrumento de control, según un informe conjunto que el ACNUDH y la UNMISS publicaron en diciembre de 2024.

La División de Derechos Humanos de la UNMISS comprobó y documentó casos de arrestos y detenciones arbitrarias de niñas y mujeres, detenidas por orden de tribunales ordinarios por negarse a aceptar matrimonios arreglados o por huir de esos arreglos, por adulterio o por pedir el divorcio, casos en los que a menudo se ordena devolver al marido el precio pagado por la novia.

En uno de los casos, una mujer fue encerrada durante seis meses en la Prisión Nacional de Juba sin que se le sometiera a juicio. Su único delito había sido divorciarse de un militar y adoptar a dos niños.

“Al saber que había adoptado a dos niños, mi ex marido me hizo arrestar hasta 16 veces, usando su autoridad en calidad de oficial del ejército. Amenazó a todos los abogados que se atrevieron a defenderme. En los últimos seis meses, he sufrido mucho y a menudo he recibido palizas en la prisión, por instrucciones de mi ex marido”, declaró la víctima ante la División de Derechos Humanos de la UNMISS.

Finalmente, la mujer fue puesta en libertad en 2025 gracias a las gestiones de la Federación de Abogadas de Sudán del Sur (FIDA), una asociación feminista, mediante un proyecto que cuenta con el apoyo de la División de Derechos Humanos de la UNMISS.

“Agradezco mucho a la FIDA y la División de Derechos Humanos de la UNMISS que hayan venido a rescatarme. Aunque mi ex marido podría tratar de encarcelarme de nuevo, ya he sufrido lo suficiente y me gustaría defenderme por mí misma y luchar por otras mujeres que se enfrentan a problemas similares en otras prisiones de Sudán del Sur”, declaró la víctima.

Una paz precaria

Aunque en 2018 se concertó un Acuerdo Renovado sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur, mediante el cual se trató de poner fin a una guerra civil que ha costado la vida a 400.000 personas, se estableció un gobierno de transición y se fomentó la reconciliación, el país siguió lidiando con antiguos problemas de gobernanza, inseguridad, persecuciones selectivas e inestabilidad política.

En el informe conjunto ya se habían señalado graves inquietudes acerca de los arrestos y las detenciones arbitrarias de civiles en Sudán del Sur.

Basándose en casos documentados de vulneraciones atribuidas tanto a los órganos de seguridad del Estado como a elementos armados no estatales, el informe señalaba que numerosos ciudadanos, incluso personas con discapacidad, habían sido detenidos sin que se hubiera demostrado su culpabilidad ni, en muchos casos, que hubieran cometido delito alguno.

Visitas a las prisiones y asistencia letrada

La División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó 288 visitas de control a centros de detención, a fin de evaluar las condiciones de reclusión y velar por la protección de los derechos básicos de las personas privadas de libertad, según los criterios internacionales de derechos humanos. Como consecuencia de los esfuerzos de promoción y de la interacción con funcionarios de la policía y el poder judicial, 518 personas -entre ellas 34 mujeres y siete niños y tres niñas- fueron puestas en libertad.

La División de Derechos Humanos también ha iniciado un proyecto de asistencia jurídica para ayudar a reclusos de grupos vulnerables. Mediante el proyecto, 102 reclusos (entre ellos 13 mujeres y 10 jóvenes) que habían permanecido en detención prolongada, recibieron asistencia, lo que resultó en la excarcelación de 69 de ellos, (incluidos 6 mujeres y 3 jóvenes). Entre los excarcelados había tres personas que vivían con VIH y varias mujeres embarazadas y lactantes.

En un discurso pronunciado en abril de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos, la Directora de la División de Operaciones Internacionales del ACNUDH, Maarit Kohonen Sheriff, dijo que la escalada bélica que se produce en Sudán del Sur amenaza con socavar el progreso logrado hasta ahora y podría tener consecuencias devastadoras para la población civil.

Sheriff expresó su preocupación acerca del arresto domiciliario del primer vicepresidente, Riek Machar, y afirmó que se trata de un suceso alarmante, que podría poner en peligro el proceso de paz.

“Esta situación pone de relieve la urgente necesidad de mantener el apoyo internacional para evitar la reanudación de la guerra civil y garantizar la plena aplicación del acuerdo de paz”, insistió Sheriff.

Las agrupaciones y los activistas de derechos humanos han subrayado el hecho de que el gobierno utiliza la detención como una herramienta para consolidar su poder y suprimir la participación democrática. Estos grupos advierten de que el contexto de miedo que generan tales acciones perpetúa los ciclos de violencia y reduce las perspectivas de lograr una consolidación nacional integradora.