Desarrollo sostenible a través de los derechos humanos

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan el modelo a seguir para un futuro más justo y sostenible basado en los derechos humanos. Desde su adopción, el progreso ha sido innegable: millones de personas pueden acceder ahora a servicios esenciales, la cobertura de protección social llega a más de la mitad de la población mundial, y las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido. Sin embargo, estos avances han sido desiguales y muchos ODS no están en vías de cumplirse.

Los países en desarrollo se enfrentan a desafíos específicos y graves, incluyendo un déficit de financiación anual para conseguir los ODS de 4 billones de dólares, cargas crecientes de deuda y 492 mil millones de dólares que se pierden todos los años debido a flujos financieros ilícitos relacionados con impuestos transfronterizos. Reformar la arquitectura financiera internacional es, por lo tanto, esencial.

Los avances en gobernanza, justicia y participación, tal como se refleja en el ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, así como la integración de principios de derechos humanos—como los de no discriminación, de transparencia y de rendición de cuentas en las políticas nacionales, los marcos de desarrollo y las reformas institucionales—son clave para lograr el desarrollo sostenible.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas trabaja para garantizar que las estrategias y políticas para la implementación de la Agenda 2030 estén alineadas con la normativa internacional de derechos humanos.

En línea con este objetivo, apoyamos a los actores nacionales y a las Naciones Unidas a nivel global y nacional, para integrar los derechos humanos en las políticas y programas de desarrollo sostenible. Participamos en procesos intergubernamentales globales y regionales para incorporar principios de derechos humanos—como la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas—en las reformas institucionales. Ayudamos a fortalecer el espacio cívico, apoyamos a las instituciones nacionales de derechos humanos y respaldamos y defendemos a los grupos marginados para que participen de manera significativa en los procesos de desarrollo.

Evaluamos políticas económicas, como la consolidación fiscal, la privatización, la desregulación de los mercados financieros y laborales y la rebaja de las normas de protección medioambiental, con el fin de evaluar su impacto para los derechos humanos y la inclusión de personas y comunidades tradicionalmente marginadas.

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