Prácticas nocivas

Las prácticas nocivas son una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos que ponen en gran riesgo la salud y los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Existe una gran variedad de prácticas nocivas, incluyendo la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio infantil y forzado, las pruebas de virginidad y prácticas relacionadas, las acusaciones de brujería y las modificaciones corporales que se realizan con fines estéticos o con el fin de que las niñas y mujeres contraigan matrimonio.

Los organismos de derechos humanos han instado repetidamente a los Estados a proteger a las mujeres, adolescentes y niñas de todas las prácticas nocivas, incluyendo la recomendación general conjunta No. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer/observación general No. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre prácticas nocivas de 2019.

Matrimonio infantil, precoz y forzado

El matrimonio infantil, temprano y forzado (METF) es una práctica nociva por motivos de género y una grave violación de los derechos humanos que afecta de forma desproporcionada a niñas y mujeres. Incluye tanto los matrimonios en los que al menos una de las partes es menor de 18 años como las uniones contraídas sin consentimiento pleno, libre e informado. Arraigado en la desigualdad de género y la discriminación, el matrimonio infantil socava la salud, la educación y la autonomía corporal de las niñas y adolescentes, perpetuando a menudo ciclos de violencia y pobreza.

Los marcos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, exigen explícitamente a los Estados parte rechazar las prácticas nocivas y garantizar que el matrimonio sea consensuado y se celebre a una edad legal (18 años). En contextos de conflicto, humanitarios y frágiles, donde los sistemas de protección están debilitados o destruidos, el riesgo de matrimonio infantil, precoz y forzado (CEFM) aumenta significativamente, lo que lleva al ACNUDH y al Consejo de Derechos Humanos a instar a los estados a cumplir con sus obligaciones dando prioridad a la protección, la dignidad y el acceso a la justicia para las niñas afectadas.

El último informe del Secretario General sobre la cuestión del matrimonio infantil, precoz y forzado (A/79/308) en 2024 destacó lagunas y prácticas prometedoras para eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado, teniendo en cuenta los nuevos factores intensificados que impulsan esta práctica perjudicial, como pueden ser el cambio climático o las reacciones en contra de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Incluye estrategias y recomendaciones basadas en los derechos humanos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado, al mismo tiempo que proporciona apoyo a las supervivientes. 

Las Directrices del ACNUDH para prevenir y abordar el matrimonio infantil, temprano y forzado (A/HRC/62/26), presentadas en el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2026, hacen hincapié en la necesidad de abordar las causas profundas del matrimonio infantil, temprano y forzado, incluyendo la desigualdad de género, las normas sociales perjudiciales, la pobreza y el acceso limitado a la educación y a servicios esenciales, asegurando al mismo tiempo la participación significativa de mujeres y niñas en la toma de decisiones y adoptando un enfoque centrado en las supervivientes en todas las leyes, políticas y programas. Estas guías establecieron cinco áreas de acción que se refuerzan mutuamente: fortalecer los marcos legales estableciendo los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones y prohibiendo todas las formas de matrimonio forzado; adoptar estrategias nacionales integrales y coordinadas dotadas de recursos adecuados y asociaciones intersectoriales; invertir en la prevención a través de la educación, el empoderamiento económico y la transformación de las normas de género nocivas, incluyendo la participación de comunidades, hombres y niños; consolidación de los sistemas de protección y el acceso a la justicia mediante servicios centrados en las supervivientes, como atención sanitaria, apoyo psicosocial, refugios y asistencia legal; así como mejorar la recopilación de datos, la supervisión y la rendición de cuentas con el fin de apoyar la formulación de políticas basadas en evidencias y medir el progreso.

Aquí está la lista de informes anteriores sobre el tema.

La mutilación genital femenina

La mutilación genital femenina (MGF) implica la eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones a los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Esta práctica refleja y refuerza desigualdades de género sistémicas al controlar los cuerpos de las mujeres y limitar su autonomía. Constituye una forma de violencia de género y tiene consecuencias graves para la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas. La mutilación genital femenina viola múltiples derechos humanos, incluidos los derechos a la salud, la integridad física, la protección contra la tortura y, en algunos casos, el derecho a la vida.

Conforme a la normativa internacional de los derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Estados tienen claras obligaciones de prevenir la MGF, proteger a quienes estén en riesgo y proporcionar apoyo, atención, reparación y compensación a las supervivientes.

Último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre mutilación genital femenina transfronteriza y transnacional (A/HRC/56/29). Este informe reafirma que la mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género contra mujeres y niñas que está intrínsecamente vinculada a la desigualdad de género y los estereotipos profundamente arraigados. El informe destaca la necesidad de consolidar la recopilación de datos, armonizar los marcos legales y políticos, así como afianzar la cooperación regional e internacional y la coordinación sistemática entre los Estados y otros actores clave, incluida la sociedad civil, con el objeto de abordar la mutilación genital femenina transfronteriza y transnacional.

Pruebas de virginidad

Las pruebas de virginidad, también conocidas como examen del himen, prueba de los "dos dedos" o tacto vaginal, es una práctica profundamente dañina que carece de cualquier validez científica o médica y que constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Esta inspección invasiva está basada en normas de género discriminatorias que buscan controlar la sexualidad femenina e imponer normas patriarcales de pureza, reforzando la desigualdad y la opresión de género.

En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un Comunicado Conjunto Interinstitucional sobre la Eliminación de las Pruebas de Virginidad, el cual destaca que este tipo de exámenes no solo no tienen ninguna validez clínica, sino que también provocan daños físicos y mentales considerables, incluyendo dolor, humillación, retraumatización, de forma especial en el contexto de la violencia sexual, así como estigma social. Al degradar la autonomía corporal y la intimidad, las pruebas de virginidad violan múltiples derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la igualdad, a la protección ante tortura y malos tratos, a la intimidad y a la salud, por lo que deben ser prohibidas categóricamente. La eliminación de esta práctica requiere de medidas integrales a través de la prohibición legal, directrices profesionales y mecanismos a nivel comunitario para desmantelar las normas culturales que la sostienen.

Acusaciones de brujería

Las acusaciones de brujería, a menudo profundamente arraigadas en creencias sociales dañinas y la desigualdad de género, suelen resultar en violaciones graves de los derechos humanos, especialmente contra mujeres, niños, personas con discapacidades, personas mayores y minorías. Estas acusaciones conducen a violencia física, castigos arbitrarios y crueles, desplazamiento forzado y estigmatización, donde las víctimas a menudo son abandonadas en los llamados "campamentos de brujas" o expulsadas por la fuerza de sus comunidades. Con frecuencia se aprovechan estas acusaciones para reforzar el control patriarcal y violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la integridad corporal, al debido proceso, a la no discriminación y a la protección ante la tortura.

El informe del Alto Comisionado sobre prácticas dañinas relacionadas con acusaciones de brujería y ataques rituales, así como la estigmatización (A/HRC/52/47) fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2023. En este informe, el Alto Comisionado insta a los Estados a tratar las acusaciones de brujería como violaciones graves que requieren prohibición legal, acceso efectivo a la justicia, protecciones específicas para los grupos en riesgo, además de iniciativas comunitarias para abordar las causas fundamentales y promover la igualdad de género.