Un nuevo informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas describe un panorama sombrío en Myanmar, nueve años después de la violencia militar de 2017 contra la minoría musulmana rohinyá y cinco años después del golpe militar. La Oficina ha documentado un aumento de la violencia contra los rohinyás y otras minorías junto con la aparición de una floreciente industria minera de tierras raras no regulada que está devastando el medio ambiente y las comunidades étnicas en los estados de Kachin y Shan.

El informe, que abarca de junio de 2025 a mayo de 2026, concluye que la población civil rohinyá quedó atrapada entre dos actores armados — el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán — lo que agravó los problemas de protección a niveles inimaginables debido a los ataques aéreos, ataques incendiarios, desplazamientos y negación de asistencia, así como al abuso y persecución sistemáticos contra los rohinyás.

En las zonas que controla en el norte de Rakhine, el Ejército de Arakán ha imitado la negación por parte del ejército de la identidad rohinyá, refiriéndose a ellos como "bengalíes", un término que los presenta como migrantes extranjeros en lugar de una minoría reconocida de Myanmar. También sometió a distintas comunidades a detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, trabajo forzado y confiscación de tierras. Fuentes locales creíbles denunciaron 2.353 casos de trabajo forzado de rohinyás en el norte de Rakhine en un solo mes — enero de 2026 — incluyendo 75 casos que involucraban a niños.

"Por todo el norte de Rakhine, el Ejército de Arakán ha cometido detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de género, casos de desaparición forzada, trabajo y reclutamiento forzados, confiscación ilegal de tierras y propiedades residenciales, así como la destrucción de aldeas, sitios religiosos y culturales, lo que ha provocado un nuevo desplazamiento de los rohinyás", señala el informe.

«Los niños son utilizados sistemáticamente como mano de obra, y varios testigos describen haber visto a trabajadores de tan solo seis años limpiando la selva, construyendo edificios y realizando trabajos de baja categoría para familias de Rakhine. En un caso concreto, un niño fue obligado a limpiar huesos y cráneos de víctimas de una masacre.»

Los intentos de huir en busca de seguridad se han vuelto cada vez más mortales. El informe indica que 2025 fue el año más mortífero registrado para los rohinyás que emprendieron travesías marítimas en busca de seguridad en otros países, con 892 personas muertas o desaparecidas en el mar, una cifra que ya se está igualando en 2026: en mayo, 4.665 personas habían intentado la travesía, con 280 reportadas como muertas o desaparecidas. Aquellos que permanecen se enfrentan a bloqueos militares que provocaron un incremento de los precios de los alimentos básicos en un 31 por ciento solo entre febrero y mayo de 2026 y, para finales de abril, casi 150.000 rohinyás se habían registrado por primera vez como refugiados en Bangladesh.

Minería ilegal de tierras raras y sus consecuencias

El informe también documenta la rápida expansión no regulada de la minería de tierras raras en los estados de Kachin y Shan, una extracción que aumentó bajo el control de grupos armados, incluido el Ejército Unido del Estado de Wa, tras el golpe de 2021. Las explotaciones mineras se expandieron desde las 215 antes del golpe a las 590 a finales de mayo de 2026, con un comercio de estos minerales que alcanzó un máximo de 1,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2023.

El coste humano de este auge, según el informe, recae principalmente en las mujeres, los trabajadores y las comunidades locales. Los productos químicos tóxicos lixiviados — incluyendo sulfato de amonio y cloruro de amonio — han contaminado las vías fluviales con arsénico, cadmio y plomo, desestabilizado laderas montañosas y provocado deslizamientos mortales; una explosión en una explotación no regulada en el municipio de Namhkan mató a aproximadamente 50 personas en un solo incidente el 31 de mayo de 2026.

“La contaminación medioambiental afectó a la salud materna y reproductiva, y distintas iniciativas locales de documentación confirmaron aumentos bruscos en los abortos espontáneos, hemorragias severas durante el embarazo, el parto o después del parto, así como complicaciones del embarazo atribuidas a la exposición a metales pesados y productos químicos,” asegura el informe.

Las mujeres están expuestas de forma desproporcionada a estos problemas, tanto a través de la recolección de agua contaminada como a lo que el informe describe como coerción sexual institucionalizada en los campamentos mineros, una práctica que los interlocutores denominaron "Ayaw" (posiciones mixtas), bajo la cual la permanencia en el empleo estaba explícitamente condicionada a prestar servicios sexuales. La falta de oportunidades económicas, el desplazamiento y el alistamiento forzado provocaron un aumento de la incorporación de las mujeres al sector minero. “Este hecho agravó los riesgos de ser víctimas de violencia sexual y acoso por parte de supervisores, guardias y miembros de la milicia, quienes operaban con total impunidad,” afirma el informe.

Los trabajadores migrantes, mientras tanto, han de lidiar con la servidumbre por deudas, salarios no pagados y retenidos hasta por un año, además de la exposición a productos químicos peligrosos sin contar con la capacitación ni equipo de protección.

“Sin tener conocimientos ni equipamiento adecuado, los interlocutores afirmaron que los trabajadores desarrollaron síntomas como dificultad respiratoria aguda, dolores de cabeza intensos, quemaduras químicas y enfermedades gastrointestinales,” indica el informe. «La exposición prolongada provocó la acumulación de agentes tóxicos, lo que condujo a enfermedades crónicas pulmonares, renales y hepáticas.»

Las aguas residuales tóxicas procedentes de las piscinas de lixiviación y descargadas directamente en tierras agrícolas aguas abajo también provocaron que el suelo quedara estéril o perjudicaron significativamente a su rendimiento y calidad, reduciendo como consecuencia los ingresos de los agricultores, añade el informe.

Las recomendaciones de Türk instan al poder militar y a los demás actores armados en Myanmar a poner fin a las graves violaciones contra la población civil, a los Estados a abstenerse de legitimar el gobierno militar y a detener el suministro de armas, y a las empresas a garantizar la debida diligencia en las cadenas de suministro de tierras raras y el acceso a recursos efectivos.

«Hago un llamamiento a todos los Estados, empresas e inversores para que realicen una profunda reflexión sobre sus acciones, o sobre la falta de ellas; para que se pregunten: ¿es esta una realidad justa y equitativa para el pueblo de Myanmar? ¿Puede llegar a revertirse el daño social y medioambiental de sus actividades? Sus propias reputaciones y su credibilidad están en juego», dijo.